El equipo de abogados de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) que fue detenido en la Embajada de México en Quito tras haber recibido asilo diplomático, advirtió de un “riesgo inminente” de posible nuevo intento de suicidio al recibir más de cuarenta fármacos al día, algunos de ellos psiquiátricos.

En una rueda de prensa, el médico Alejandro Barreto, que desde 2022 ejerce de médico personal de Glas, denunció un conjunto de presuntas “inacciones” del Estado ecuatoriano respecto a la salud física, emocional, mental y nutricional del exvicepresidente, que según su criterio “podrían empujarlo a que sienta la necesidad de volver a hacerlo (el intento de suicidio)”.

La “tortura” contra Jorge Glas

“Podría ser una especie de tortura psicológica”, afirmó Barreto, quien recordó que Glas ya intentó presuntamente suicidarse con una sobredosis de medicamentos a los pocos días de recluírsele en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, tras su detención en la legación mexicana.

El médico aseguró que Glas sufre una depresión severa, así como un cuadro de ansiedad, producto de “estar encerrado en cuatro de dos por tres (seis metros cuadrados) sin luz solar”.

“Es algo desesperante. Psicológicamente es devastador para cualquier persona”, anotó Barreto, quien afirmó haberlo visto la última vez “bastante descompensado y decaído, incluso se le van las palabras”. “Hay un empeoramiento incluso de su físico, además de su parte mental”, añadió.

En ese sentido, consideró que Glas está sobremedicado ya que los médicos que lo atienden no pueden llevar a cabo “una terapia no farmacológica”, que a su juicio consiste en cambiarlo de entorno, lo que implica devolverle la libertad.

Así, los abogados y el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas insistieron en que el Gobierno de Ecuador debe entregar al exvicepresidente a México o a un tercer país que respete el asilo diplomático brindado en abril por el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento ninguno de los recursos legales del equipo de abogados de Glas ha surtido efecto en la Justicia ecuatoriana, que catalogó la detención de Glas como legal y no arbitraria.

“Tortura de carácter químico”

Por su parte, el abogado boliviano Sacha Llorenti manifestó a nombre del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas su “extrema preocupación por la salud, vida e integridad física del exvicepresidente”.

“Glas es un asilado diplomático que fue secuestrado en una embajada”, dijo Llorenti, quien apuntó a que “la responsabilidad sobre la vida de Jorge Glas recae sobre el Estado ecuatoriano, y específicamente en el presidente Daniel Noboa, quien autorizó el asalto a la embajada y el secuestro de Jorge Glas”.

“Se estaría aplicando una especie de tortura de carácter químico. Este coctel de medicamentos tiene una alta probabilidad de inducirlo al suicidio. Exigimos que exista una investigación imparcial, completa y concluyente”, añadió.

De su lado, la abogada Sonia Vera recordó que siguen vigentes las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Glas en 2019.

“El ‘lawfare’ ha sido reiterado y sistemático en el caso de Jorge Glas y ahora posiblemente le cueste la vida. Estamos ante un atentado flagrante contra la vida de Jorge Glas. No se le permite tener acceso a su médico internista y está siendo objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, enfatizó Vera.

“Es importante la comunidad internacional no sea testigo de lo que está ocurriendo con Jorge y tome medidas urgentes”, concluyó.

Condenado e imputado por corrupción

El pasado 5 de abril, Noboa ordenó el ingreso de la Policía a la Embajada de México en Quito para detener a Glas, a quien el Gobierno de López Obrador le había otorgado asilo diplomático, si bien contaba con una orden de detención en su contra por un caso de corrupción en el que está imputado.

Glas, que rechaza los cargos en su contra y se declara un perseguido político, fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, tenía además pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por corrupción dictadas en 2017 y 2020.

Mientras, México y Ecuador se han contrademandado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con acusaciones mutuas de haber contravenido convenios internacionales sobre relaciones diplomáticas.

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