La presidenta de Perú, Dina Boluarte, puede tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023, según las evidencias obtenidas por Amnistía Internacional (AI) y plasmadas en un informe publicado este jueves, que apunta a que la mandataria podría haber cambiado de táctica para evitar más fallecidos, pero no lo hizo.
“Dina Boluarte sabía lo que estaba pasando y no hacer suficiente para parar más muertes podría conllevar responsabilidades penales individuales”, afirmó la investigadora para América del Sur de AI Américas, Madeleine Penman.
El informe señala que, aunque la presidenta negó ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y “minimizó su papel en la represión estatal”, se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los tres meses de protestas, “lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno”.
