La Fiscalía de la Nación de Perú amplió la investigación preliminar abierta a la presidenta Dina Boluarte por los relojes Rolex no declarados para incluir un incremento patrimonial por depósitos bancarios de procedencia aún no explicada, así como otras joyas valiosas, informó el fiscal general interino, Juan Carlos Villena.

En una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Villena indicó que la investigación es reservada. Se amplió el marco de imputación.

Indicó que ahora se ha incluido unas declaraciones juradas en los que aparece un incremento patrimonial de 432.000 soles (119.400 dólares o 111.000 euros) “en el plazo de dos años” y por la posesión de una pulsera de lujo de la gobernante que, “según una fuente abierta”, tiene un valor de 56.000 dólares y otras joyas con un valor que superaría los 500.000 dólares.

Agregó que también existen “depósitos de origen desconocido” por más de 1,1 millones de soles en cuentas bancarias de la gobernante.

Quien ha señalado en los últimos días que ese dinero no es propio sino que pertenece al Club Departamental Apurímac (una asociación de migrantes de esa región en Lima), que presidió hasta antes de integrar, en 2021, el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

Corte Suprema niega que allanamiento sea inconstitucional

Lima (EFE).- El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, afirmó que el allanamiento al domicilio de la jefa de Estado, Dina Boluarte, y al Palacio de Gobierno, cumplió con la ley y no fue inconstitucional, como denunció el Gobierno.

“Ninguna medida que se ha adoptado es inconstitucional. Acá tenemos que ser claros, la Policía ha cumplido su papel, no tenemos que culparla de nada, se ha llevado adelante un procedimiento y se siguió”, dijo Arévalo a medios de comunicación.

La Fiscalía solicitó el allanamiento del domicilio y el Palacio de Gobierno por corrupción. El juez autorizó el ingreso.

“Todos han actuado de acuerdo a la ley. Yo no veo ningún aspecto de inconstitucionalidad”, afirmó.

Afirmó que las decisiones judiciales deben acatarse sin importar las preferencias, y que el respaldo del presidente es al cumplimiento, no a las decisiones específicas.

“Yo no voy a tomar ninguna decisión porque esto está en trámite. Entiendan que los jueces son independientes y ellos responder por lo que resuelven. Cada juez responde por sus decisiones”, indicó Arévalo.

Boluarte califica allanamiento como arbitrario

Cerca de la medianoche de este viernes y hasta la mañana del sábado un equipo fiscal de policías y fiscales allanó el domicilio de la presidenta y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación preliminar abierta por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, por no haber declarado relojes de lujo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Horas después, en un pronunciamiento, Boluarte definió este suceso como arbitrario, desproporcional y abusivo.

“Nunca ha existido como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva”, afirmó Boluarte en una declaración sin preguntas.

Posturas contrapuestas entre la Presidenta y la Fiscalía

La presidenta dijo que es “respetuosa de la investigación fiscal”, pero que rechaza la forma en la cómo se hace, “de manera discriminatoria e inconstitucional”.

Critica el rompimiento de la cerradura en su domicilio de Surquillo, señalando que la medida afecta los derechos familiares y la gobernabilidad.

Después de estas declaraciones, la Fiscalía emitió un comunicado en el que detalló que el operativo se realizó “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema” y, por tanto, descartaron que la intervención “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.

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