La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, empezó a construir una propuesta de calendario electoral para las presidenciales de este año, a través de un proceso de consulta que ha sido cuestionado por el principal bloque opositor, que no participa en estas reuniones.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, encabezó el primero de varios encuentros que se celebran -hasta el miércoles- en la sede del Parlamento, con el propósito de escuchar las ideas de los representantes de los empresarios, trabajadores, líderes religiosos y otros movimientos de cara a los comicios, aún sin fecha definida.
La meta, explicó Rodríguez, es construir esta misma semana un documento para presentarlo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el único ente autorizado para convocar comicios en el país, con el objetivo de que fije cuanto antes la fecha de las presidenciales.
La concurrencia
El líder del Legislativo, también jefe negociador del Gobierno en el diálogo con la oposición, destacó que nueve precandidatos presidenciales y representantes de 29 organizaciones políticas, varias de ellas intervenidas judicialmente, acudieron a la reunión, que calificó como “sumamente constructiva”.
Indicó que se creará una comisión de trabajo que desarrollará tres puntos básicos a considerar en esta propuesta: los principios constitucionales y políticos, el establecimiento de garantías e igualdad de condiciones y una propuesta real de calendario que sea discutida, consensuada y firmada.
“A finales de esta semana, podríamos tener un documento de trabajo para discutir, aprobar, firmar y presentar ante el CNE”, dijo.
Se trata de incluir la “mayor parte de garantías”, entre las que mencionó la observación electoral, y criterios para el manejo de la “publicidad y propaganda de los candidatos”, así como un compromiso para el reconocimiento de los resultados.
La observación
Consultado sobre el tiempo que requieren las misiones de observación electoral para conformarse, como la de la Unión Europea (UE), Rodríguez subrayó que ninguna instancia que no sea el CNE incidirá en la definición de la fecha de los comicios y que cualquier invitado internacional deberá acoplarse a lo que estipule el ente comicial.
“Ellos verán cómo se ajustan o no a esos lapsos”, sostuvo.
Aseguró también que el país invitará a quien considere y en los lapsos establecidos por el CNE, sin hacer mención del acuerdo firmado por el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el que acordaron la incorporación de la UE como observadores de las presidenciales.
El Estado sabe que si las invitaciones a las misiones se emiten de manera tardía, estas no podrán organizar a sus equipos para un despliegue efectivo y, por tanto, no asistirán, un hecho que ya tiene un precedente en las legislativas de 2020.
El calendario
Los partidos opositores Primero Venezuela (PV) y Acción Democrática (AD), disidentes de la PUD, propusieron celebrar estos comicios el 5 y 28 de julio, respectivamente.
Mientras tanto, los precandidatos presidenciales Javier Bertucci y Antonio Ecarri pidieron que haya observación internacional, incluida una misión de la UE, y un mecanismo para frenar el ventajismo.
Por su parte, el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) se mostró a favor de que las elecciones se hagan “lo más pronto posible”, dentro de los lapsos que necesite el CNE, que en el pasado organizó presidenciales en menos de tres meses, aunque sin observación de la UE.
Entretanto, el empresario y predicador evangélico Luis Ratti, uno de los principales críticos de la PUD, propuso que los comicios se celebren el 14 de abril.
La ausencia
La PUD, que no participa en estas reuniones, cree que el Gobierno pretende diseñar unos comicios antidemócraticos con estas consultas que -denuncia- buscan distorsionar lo que acordaron las partes en Barbados, a través del proceso de negociación política que es facilitado por Noruega y cuenta con respaldo internacional.
Consultado sobre esta ausencia, Rodríguez dijo que los miembros del principal bloque antichavista “están equivocadísimos” al no asistir y por criticar este mecanismo de consulta que persigue “hablar con todos los que quieran hablar”.
La oposición ha denunciado la violación de los acuerdos por parte del Gobierno, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificase que su candidata presidencial, María Corina Machado -que acapara los índices de popularidad en la mayoría de las encuestas-, no podrá competir en comicios hasta 2036.
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