Casi una semana después de firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que su gobierno pretende acometer la desregulación económica de Argentina, el presidente Javier Milei se enfrenta a una cascada de demandas judiciales en contra de la medida.
“En el caso de que sea rechazado, ¿llamarías a una consulta popular, a un plebiscito?”, le preguntó a Milei el periodista Luis Majul. Su respuesta fue esta: “Si rechazan el DNU, llamaré a una consulta popular. Quiero que el Congreso me explique por qué se pone en contra de algo que la hace bien a la gente”.
DEMANDAS
La primera de las demandas se presentó al día siguiente de que Milei anunció la batería de más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el DNU, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación donde el oficialismo carece de apoyo parlamentario suficiente. Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo. Algunos de los denunciantes, como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el Presidente está intentando “sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes”. En el mismo sentido se han pronunciado otros, que acusaron al Gobierno de “pretender avanzar con una estrategia de demolición sobre la sociedad argentina” y solicitaron que se suspendan los efectos del DNU por ser “inconstitucional y antidemocrático”.
Según el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el decreto es “completamente legítimo”. “¿Que puede llegar a haber reparos de los destructivos de siempre o de sectores que consideran de alguna manera que se les acabó el privilegio? No tengo dudas”, reconoció Cúneo en una entrevista con Clarín. Aseguró que la Justicia será la que tendrá que “analizar en forma imparcial” el DNU y reiteró que él “no le tiene miedo a la ilegalidad”.
