El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso este jueves que se levante el secreto de las comunicaciones del expresidente de Perú Pedro Castillo, actualmente bajo prisión preventiva, durante un periodo que abarca todo su Gobierno con el fin de avanzar en la investigación de un supuesto caso de corrupción.
“El Poder Judicial dispuso levantar el secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo y sus exministros (de Transportes) Juan Silva y (Vivienda) Geiner Alvarado; quienes son investigados por organización criminal, colusión y tráfico de influencias”, publicó en la red social X (antes Twitter) ese poder del Estado.
Al caso se le conoce como ‘Gabinete en la sombra’ que investiga la Fiscalía, en referencia a una supuesta red de corrupción dedicada al redireccionamiento de obras.
Al respecto, el Poder Judicial detalló que Checkley declaró fundado, en parte, el requerimiento de la Fiscalía de levantar el secreto de las comunicaciones de Castillo para conocer en detalle los mensajes.
“Las empresas de telefonía deben informar las llamadas y mensajes de texto generados del 12 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2022”, agregó.
La caída de Pedro Castillo en Perú
Pedro Castillo accedió a la Presidencia el 28 de julio de 2021 y ocupó el cargo hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso lo destituyó tras su fallido autogolpe de Estado.
La diligencia se ejecutará “en un plazo de 30 días” y son “tres operadoras del servicio de telecomunicaciones a las que se solicitará la información, y que además reportarán las líneas telefónicas registradas a nombre de Pedro Castillo, Geiner Alvarado y Juan Silva”.
Desde el 7 de diciembre pasado, pesa sobre Castillo una orden de prisión preventiva de 18 meses, mientras se le investiga por los delitos de rebelión y conspiración.
El pasado 31 de marzo, la Corte Suprema de Perú ratificó su decisión de imponer otra medida de 36 meses de prisión preventiva a Castillo, por este caso que la prensa llamó en un inicio como ‘gabinete en la sombra’.
También impuso 36 meses de prisión a Alvarado, que se encuentra actualmente recluido, y Silva, quien está prófugo de la Justicia.
El expediente responde a presuntas irregularidades que se hallaron en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
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