La telaraña legal en la que está enredado el expresidente Donald Trump (2017-2021) se ha vuelto más intrincada que nunca: encara un total de 91 cargos distribuidos en 4 casos penales distintos y, simultáneamente, debe mantener su campaña para conseguir la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024.
Nunca antes Estados Unidos se había enfrentado a una situación similar y todavía hay innumerables incógnitas sobre las consecuencias que podría haber para Trump.
De los 91 cargos, 13 fueron anunciados en la noche del lunes después de que un gran jurado de Georgia le acusara de intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata y actual presidente Joe Biden ganó por un margen muy pequeño.
Una ley de la mafia contra Trump
En el caso de Georgia, la fiscal Fani Willis usó contra Trump una ley especial contra el crimen organizado, llamada RICO por sus siglas en inglés, y que se utilizó en el pasado para condenar a jefes mafiosos como John Gotti.
Con esa ley, Willis ha logrado entrelazar los delitos cometidos por Trump y sus aliados, amalgamándolos en una narrativa única en la que el expresidente emerge como el líder de una organización con la finalidad criminal compartida de revertir los resultados electorales en Georgia.
Ese método permite a la fiscalía que sean condenados aquellos cabecillas que orden a otros cometer crímenes por ellos.
De los 13 cargos estatales de los que Trump está acusado en Georgia, solo uno tiene que ver con esa ley de la mafia, pero podría ser uno de los más graves al estar penado con hasta 20 años de cárcel.
Los otros delitos son por conspiración para falsificar documentos o por presionar a funcionarios públicos para que anularan los resultados electorales.
Además de Trump, el gran jurado presentó cargos penales contra 18 de sus asesores más cercanos, como su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de Gabinete Mark Meadows, entre otros.
El asalto al Capitolio
Aparte del caso en Georgia, un gran jurado en el Distrito de Columbia ha presentado cuatro cargos federales contra Trump por supuestamente haber intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Biden, y por haber instigado el asalto al Capitolio.
Esos cuatro cargos (conspiración para defraudar a Estados Unidos; conspiración para obstruir un procedimiento oficial; obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra el derecho al voto) podrían terminar en una pena máxima que sumaría 55 años de cárcel.
El 3 de agosto, en medio de una gran expectación, Trump compareció en la corte del Distrito de Columbia y se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, tal y como ha hecho en las otras tres causas penales en su contra.
Cajas de documentos clasificados
Otra de esas causas tiene como escenario la ciudad de Miami (Florida), donde un gran jurado ha imputado a Trump de 40 delitos federales por el mal manejo de materiales clasificados.
En concreto, según la Fiscalía, tras dejar el poder en 2021, Trump ordenó mover desde la Casa Blanca a su mansión en Mar-a-Lago (Florida) decenas de cajas con recortes de periódicos, cartas, fotos y también cientos de documentos clasificados, que incluyen información sobre secretos nucleares y planes de ataque a otros países.
Esos documentos no fueron almacenados de manera segura, sino que acabaron en diferentes rincones de la mansión de Trump, como un dormitorio, un salón de baile y un baño, según mostraron fotos incluidas en el escrito de acusación.
Pagos a una actriz porno
Aunque los litigios han incrementado en los últimos meses, el caso que le valió a Trump el controvertido honor de convertirse en el primer expresidente del país en enfrentar cargos judiciales fue el relacionado con la actriz porno Stormy Daniels.
En marzo de este mismo año, un gran jurado en Nueva York presentó cargos contra Trump bajo la acusación de haber supuestamente pagado 130.000 dólares a través de su abogado Michael Cohen a Daniels para que mantuviera silencio sobre una supuesta relación sexual entre ambos diez años antes.
En este caso, Trump enfrenta 34 cargos estatales por falsificación de documentos mercantiles, cada uno de los cuales podría llevar consigo una pena de prisión de hasta 4 años.
La fecha para el juicio está programada para el 24 de marzo del próximo año, que coincide con el apogeo de las primarias del Partido Republicano y a tan solo unos meses de las elecciones del 7 de noviembre de 2024.
Litigios entrelazados con la campaña para 2024
Mientras continúan las acusaciones, Trump mantiene su narrativa e insiste en que todos los litigios tienen motivaciones políticas y buscan entorpecer su retorno a la Casa Blanca.
Trump, que parte como favorito para las elecciones primarias de su partido, ha usado los casos en su contra para recaudar fondos para su campaña electoral y presentarse como el principal defensor de sus seguidores.
La frase que repite una y otra vez en sus mítines es: “Al final, no vienen por mí. Vienen por ustedes, y yo solo estoy interponiéndome en su camino”.
Mientras tanto, sus abogados están trabajando para dilatar al máximo los procedimientos judiciales, con la esperanza de que el expresidente eluda la rendición de cuentas.
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