Un juez federal de Miami prohibió este lunes a los abogados del expresidente de EE.UU. Donald Trump compartir con personas ajenas a la defensa la evidencia que se produzca sobre la acusación criminal que enfrenta el republicano de retener documentos confidenciales tras terminar su mandato en 2021.
El juez Bruce E. Reinhart señaló en su orden de hoy que tanto Trump como el público, los medios y las redes sociales están incluidas en la orden y por lo tanto no pueden mantener esta información, ya sean originales o copias de documentos.
Supervisión sobre la evidencia
Trump, acusado de 37 cargos relacionados con almacenar y negarse a devolver documentos confidenciales, podrá tomar apuntes de la evidencia, los cuales también deberán mantenerse reservados por orden de la corte.
Los acusados solo tendrán acceso a la evidencia “bajo la supervisión directa del abogado defensor o un miembro del personal del abogado defensor. Los acusados no conservarán copias del material”, dice el fallo.
El juez, que dio la razón así a una moción presentada el viernes pasado por la Fiscalía, detalló que “todo descubrimiento no clasificado producido por Estados Unidos” está sujeto a esta orden de protección.
Subrayó que esta evidencia puede ser solamente utilizada por los demandados y la defensa y “en conexión con la defensa de este caso, y para ningún otro propósito”.
Instrucciones claras para la defensa de Trump
Una orden anterior de otro juez prohibió el martes pasado a Trump, cuando se le leyeron formalmente los cargos, discutir el caso con testigos o posibles testigos, ni con Walt Nauta, un veterano de la Marina que está acusado de complicidad con el expresidente.
Los abogados de Trump, que se ha declarado “no culpable” de los cargos, deberán tener la evidencia “en el custodia y control”, según la orden de hoy.
“El abogado defensor almacenará los materiales de forma segura con etiquetas que dejen claro que los materiales están sujetos a esta orden”, reiteró el juez.
“Una violación a sabiendas de esta orden por parte de los demandados, los abogados defensores y las personas autorizadas (estas ultimas previo la firma de un documentos del cual la corte debe tener la lista) pueden dar lugar a desacato al tribunal u otras sanciones civiles o penales”, detalló el juez Reinhart.
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