El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) aseguró desde la cárcel en la que se encuentra detenido tras su fallido intento de autogolpe de Estado que está “secuestrado” en ese centro penitenciario y reiteró que no cometió “ningún acto de rebelión, ni menos de conspiración” porque no se levantó en armas.

“A día de hoy soy un preso político. Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación. Señor magistrado, yo no me levanté en armas”, declaró Castillo al término de una audiencia virtual en el proceso abierto en su contra por el delito de rebelión.

Desde el penal donde cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso y otros 36 meses por otro caso de presunta corrupción, el exmandatario insistió en que no coordinó ni llamó “a nadie específicamente para que se levante en armas”.

Ningún acto de rebelión, ni menos de conspiración

Reiteró, en ese sentido, su inocencia y acusó al “Congreso, al Ministerio Público y a la prensa” de haber orquestado un “engranaje” desde “el primer día” que asumió su mandato, el 28 de julio de 2021, porque, aseveró, “hasta ahora no han asimilado la derrota que tuvieron en un proceso abierto, democrático, en las últimas elecciones generales”.

“Yo no cometí ningún acto de rebelión, ni menos de conspiración. Un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta. Dígame usted (magistrado), ¿es que se ha disuelto el Congreso? ¿Se han intervenido las instituciones? Lo que pasa, señor, es que se ha cometido una tremenda arbitrariedad, se me ha detenido arbitraria e inconstitucionalmente”, apostilló el maestro de escuela rural.

Tras su intervención, el juez supremo Juan Carlos Checkley le aclaró al exgobernante que “no es un preso político”, sino que está cumpliendo una orden de prisión preventiva que fue dictada por su juzgado y luego confirmada por la Corte Suprema.

Centenar de apelaciones

El letrado, tras escuchar los argumentos de todas las partes, señaló que resolverá el recurso de amparo presentado por la defensa de Castillo, el abogado Wilfredo Robles, en el plazo de la ley.

En su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la conformación de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto, la reorganización del sistema de justicia y el cierre del Congreso sin que éste le hubiera negado dos veces la confianza, tal y como establece la Constitución, razón por la que la orden dictada por el entonces mandatario es calificada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.

En una entrevista con EFE, realizada en marzo pasado, Robles explicó que el exmandatario pronunció ese discurso al sentir que iba a ser destituido horas después por el Parlamento y como una “última carta”, cuando ya “había perdido la partida”.

En los últimos meses, Castillo ha pedido en reiteradas ocasiones al Poder Judicial, mediante medio centenar de apelaciones, amparos y otros recursos, que anule la prisión preventiva y el proceso por rebelión en su contra, aludiendo a una supuesta vulneración de su derecho al antejuicio político, un proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios.

Hasta la fecha, sin embargo, ningún recurso ha prosperado.

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