La Comisión vaticana para la Protección de los menores, creada por el papa Francisco en 2014, ha establecido un fondo para ayudar a las víctimas del clero en los países en los que las conferencias episcopales no tienen demasiados recursos, indicó este lunes el organismo.

También anunció que cumplirán las peticiones del papa Francisco, como la elaboración de un informe anual, y que el próximo 31 de mayo se publicará la actualización de las directrices enviadas hace un año a las Conferencias Episcopales para la formación y asistencia a las víctimas.

Estas decisiones se han tomado tras la asamblea plenaria de la comisión vaticana antiabusos, envuelta en polémica después de que el jesuita alemán Hans Zollner, uno de los mayores expertos en la lucha contra los abusos a menores en la Iglesia, abandonase este organismo, del que había formado parte desde su creación, tras denunciar falta de transparencia y desavenencias.

Al recibirles en audiencia el pasado viernes, Francisco invitó a los integrantes de la comisión a elaborar un informe “sobre lo que creen que funciona bien y lo que no”, para “poder hacer los cambios oportunos”, y aseguró que “se ha hecho mucho en estos primeros seis meses”, pero “que se puede hacer más”.

"El Santo Padre nos ha pedido mucho y todos estamos comprometidos a hacer que suceda", dijo el presidente de la comisión, el cardenal Sean O'Malley.

Tras la reunión se han efectuado "ajustes de acuerdo con nuestra metodología de trabajo, con el fin de aclarar nuestros diferentes roles y crear un sentido de pertenencia común a nuestro mandato y nuestra responsabilidad colectiva para su implementación”, añadió.

En línea con las indicaciones del papa, "se ha creado un Fondo formado por las aportaciones de las Conferencias episcopales. El objetivo es proporcionar programas de desarrollo de capacidades para garantizar un mayor acceso a la capacitación y la asistencia para las víctimas, sus familias y las comunidades en las zonas más pobres del mundo".

Entre las novedades también figura la utilización de "una herramienta de verificación que servirá para evaluar la adecuación de las directrices para la protección de las iglesias locales" y también "las estrategias para responder con prontitud a la solicitud de Francisco para combatir los males de abuso de menores on line".

Finalmente, se aprobó un plan estratégico de cinco años que identifica objetivos, metas e indicadores de desempeño para medir el progreso y rendir cuentas a las partes interesadas

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