Una misión de investigación de la OSCE ha concluido que Rusia pudo haber cometido crímenes contra la humanidad al violar los derechos internacionalmente reconocidos de al menos 20.000 niños ucranianos deportados a Rusia desde zonas de Ucrania bajo ocupación.

"La misión concluyó que se han producido numerosas y solapadas violaciones de los derechos de los niños deportados a la Federación Rusa", señala el informe de 90 páginas firmado por tres expertas independientes en derecho internacional humanitario.

"La Federación Rusa no sólo ha violado manifiestamente el interés superior de estos niños en repetidas ocasiones, sino que también les ha negado su derecho a la identidad, a la familia y a reunirse con su familia", agrega el documento.

Por ello, señala el informe, "la práctica del traslado forzoso o la deportación de niños ucranianos a los territorios temporalmente ocupados y al territorio de la Federación Rusa puede constituir un crimen contra la humanidad".

Las autoras del informe denuncian que los niños deportados se encuentran "en un entorno completamente ruso, incluido el idioma, las costumbres y la religión, y están expuestos a una campaña de información prorrusa que a menudo se asemeja a una reeducación dirigida, además de estar involucrados en formación militar".

Las tres expertas son la checa Veronika Bílková, que forma parte de la dirección de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, la noruega Cecilie Hellestveit y la letona Elina Steinerte, antigua relatora principal del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.

La misión se centró en los niños huérfanos y no acompañados, ya que son los grupos más vulnerables entre los menores desplazados.

"El número de niños afectados sigue siendo incierto pero estamos hablando, al menos, de 20.000 menores", declaró Bílková a un número reducido de periodistas en Viena, y subrayó que la cifra final podría ser mucho mayor.

"El motivo oficial para estos traslados es por seguridad", agregó la experta checa.

Hellestveit recordó por su parte que, según el derecho internacional, una fuerza ocupante no puede trasladar población de forma forzosa a su territorio.

El informe indica que es "un procedimiento común separar a padres e hijos en puntos de 'filtración' de las autoridades rusas".

Steinerte recordó que en numerosos casos se les daba la nacionalidad rusa a estos menores no acompañados y se les entregaba en adopción, con lo cual se borraba su identidad ucraniana y además dificultaba su localización.

El informe critica también que Rusia no tome medidas para promover el retorno de los niños ucranianos y, por el contrario, crea obstáculos para las familias que intentan recuperar a sus hijos.

Bílková explicó que los crímenes de guerra y contra la humanidad exigen apuntar a autores concretos, algo fuera del mandato de la misión de las expertas y que compete a la Corte Penal Internacional (CPI), que ya dictó una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación ilegal de menores.

Este informe fue encargado por 45 de los 57 países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el único organismo regional en el que EEUU, los países de la Unión Europea, Rusia, Bielorrusia, Ucrania y otras repúblicas ex soviéticas se sientan en la misma mesa.

Entre los países que votaron a favor de la misión se encuentran todos los socios de la UE, EEUU, Canadá y Reino Unido, entre otros, mientras que Rusia y Bielorrusia se opusieron.

La misión utilizó varias técnicas de recopilación de información, incluidas entrevistas con diversas fuentes, entre ellas organizaciones internacionales y de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, académicos, periodistas, víctimas y testigos.

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