Chile celebra este domingo sus segundas elecciones constituyentes en dos años, pero el contexto actual dista mucho de la efervescencia de 2021, cuando aún estaba presente el estallido de 2019, y la hoja de ruta acordada ahora para escribir la nueva Constitución es muy diferente.

La intervención de un grupo de expertos designados por el Parlamento, la falta de interés ciudadano, el voto obligatorio y el ascenso de la ultraderecha son las principales claves de este nuevo intento, puesto en marcha después de que el 62 % de los chilenos rechazara en septiembre de 2022 la primera propuesta de Ley Fundamental.

“Hay elecciones el domingo y mucha gente no sabe ni siquiera qué es lo que se vota”, comenta a EFE Estefanía Andahur, de la Red de Politólogas.

“La convención anterior era prácticamente un ‘reality’. Tuvimos trasmisión en vivo 24 horas al día. Fue (un proceso) muy largo y desgastante”, coincide en señalar a EFE Federica Sánchez Staniak, de la Universidad Alberto Hurtado.

Según la encuesta Criteria, publicada a de comienzos de abril, tan solo el 31 % de los chilenos está interesado en la redacción de una Constitución que sustituya a la actual, heredada de la dictadura (1973-1990) y reformada varias veces durante la etapa democrática.

Adiós a la hoja en blanco

El proceso anterior fue alabado internacionalmente porque fue la salida que encontró el país a las masivas protestas de 2019 y 2020, las más graves desde el retorno a la democracia, y porque el órgano constituyente fue el primero plenamente democrático en Chile y el primero en contar con una composición paritaria de genero en todo el mundo.

Esta vez, la gran novedad es la participación de un grupo de 24 expertos designados por el Parlamento que tienen como misión elaborar un borrador que sirva de base a los 50 consejeros que este domingo elegirá la ciudadanía.

“Muchos de los que estuvieron a favor de la propuesta anterior se sienten desencantados y piensan que el proceso está controlado desde arriba”, explica a EFE Claudia Heiss, de la Universidad de Chile.

Los nuevos consejeros tendrán cinco meses a partir del próximo mes de junio para hacer modificaciones al borrador, en comparación con el año de que dispusieron los miembros de la Convención Constituyente para redactar la propuesta anterior. El texto final será sometido a referéndum en diciembre.

“El control del proceso anterior estuvo en manos de la ciudadanía y ahora estará en los partidos. Antes había una hoja en blanco y ahora no, porque la clase política definió unos márgenes para acotar la discusión”, describe Sánchez Staniak.

La politóloga se refiere a los doce principios básicos acordados a priori por los partidos para evitar una propuesta refundacional como la anterior. Estos principios incluyen la declaración de Chile como un “Estado social y democrático de derecho”, la indivisibilidad de la “nación chilena” y la pervivencia del sistema bicameral.

Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Utrecht, también cree que esta vez “hay menos margen de maniobra”, pero considera que “las bases son muy razonables y no serán un impedimento para la legitimida del proceso”.

Dignidad versus seguridad

Hace dos años, la palabra que más se escuchó en la campaña fue “dignidad”: pensiones dignas, salud digna, educación digna. Hoy las prioridades son totalmente distintas y la crisis de seguridad que atraviesa el país tiene un papel protagonista en la campaña.

“Los temas más propios de la izquierda se han visto eclipsados por la seguridad, que es bandera de la derecha. La izquierda no ha sabido defender sus banderas”, dice a EFE Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile.

Una reflexión que comparte Javier Couso: “teniendo en cuenta que lo único de que se habla en Chile es seguridad y migración, me temo que el sesgo de esta convención sea más la derecha que la (posición ideológica) media del votante”.

Aunque es difícil hacer pronósticos por el alto desinterés y por la obligatoriedad del voto, a diferencia de hace dos años hay consenso en que la correlación de fuerzas será muy diferente a la anterior convención, integrada en su mayoría por ciudadanos sin afiliación a partidos y mayoritariamente de izquierdas.

De aquel órgano surgió un texto de claras reminiscencias ecologista y feminista que para algunos iba a situar a Chile a la vanguardia mundial, y para otros era sectario y poco representativo.

La clave hoy está en los escaños que consigan el ultraderechista Partido Republicano y el Partido de la Gente (derecha populista), que no participaron en los anteriores, porque son formaciones creadas recientemente, y que defienden la actual Carta Magna, de corte neoliberal.

Está por ver también cómo le va al oficialismo, que acude a las urnas dividido y que puede acusar el golpe de la baja aprobación ciudadana del presidente Gabriel Boric.

“El destino de este proceso se juega el 7 de mayo. A Republicanos y al Partido de la Gente les pronostican casi 20 escaños. Si superan los 30, tendrán capacidad de veto porque las normas constitucionales necesitarán 3/5 para ser aprobadas. Es probable que boicoteen todo”, advierte Couso.

Para Heiss, más que obstaculizar el proceso, estos partidos de derechas tratarán de “garantizar que se reproduzca la Constitución de 1980 y se mantenga el status quo”.

“Un sector de la derecha, el agrupado en la coalición Chile Vamos, está por el cambio político, porque entiende que el estallido fue producto de una necesidad de reformas. La gran batalla se va a librar entre las dos almas de la derecha”, concluye.

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