El Gobierno brasileño acusó este martes a Google de promover una “campaña abusiva y engañosa” en contra de un proyecto de ley que el Parlamento debate para ponerle un freno a la masiva circulación de desinformación en internet.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, informó que, en función de esa campaña que Google mantiene contra una discusión que se tramita en las cámaras legislativas, se intimó a la empresa a retirar los contenidos críticos hacia ese proyecto de ley “en un plazo de dos horas”, bajo pena de fuertes sanciones pecuniarias.
Explicó que la decisión cautelar fue tomada a la luz de las leyes de protección al consumidor, las cuales consideraron que Google ha violado al difundir “una publicidad abusiva y engañosa, que emite una opinión editorial disfrazada” e intenta “manipular” el debate de los sectores políticos en el Parlamento brasileño.
Google también deberá aclarar
Google también deberá aclarar a los consumidores que sus críticas al proyecto son una “opinión editorial” y facilitar el acceso de los usuarios a todos los contenidos en que la iniciativa parlamentaria es defendida, que según informaciones en poder del Gobierno han sido relevados a un segundo plano en las búsquedas.
La decisión se da tras una polémica inserción que la empresa de internet hizo en la versión brasileña de su buscador, que desde el fin de semana incluye un enlace que lleva a un artículo titulado “El PL (proyecto de ley) de las ‘fake news’ puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil”.
El texto es firmado por el director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Brasil, Marcelo Lacerda, y expone una serie de objeciones contra el citado proyecto de ley, que la Cámara de Diputados se propone votar esta misma semana.
Esa materia se tramita en el Parlamento desde hace poco más de tres años y prevé medidas para endurecer el control de las redes sociales y ampliar la lista de contenidos que deben ser eliminados antes de un dictamen judicial, así como establece sanciones para las empresas que no se ajusten a esas normas.
Dino sostuvo que el Gobierno ha debido reaccionar después de que “este fin de semana hubo una profusión de materiales intentando censurar y manipular el debate parlamentario, por parte de empresas que tienen intereses propios, económicos”, que “ahora disfrazan de principios morales”.
El ministro subrayó que Google, así como otras plataformas de internet, “defienden sus negocios, que son legítimos, pero sólo cuando cumplen la ley”, que en su opinión ha sido “violada” con esa campaña “ilegal, en la que intentan imponer sus opiniones, manipular a los usuarios, sobre un libre debate en el Parlamento”.
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