Paraguay comenzó este domingo la cuenta regresiva para elegir el domingo próximo a su nuevo presidente, inmerso en una campaña austera y de poca movilización ciudadana, en la que el economista Santiago Peña busca mantener en el Gobierno al histórico Partido Colorado frente a una coalición de oposición encabezada por el liberal Efraín Alegre.
Ocho días antes de la jornada comicial, el ambiente es de relativa normalidad y sin pronósticos claros acerca del posible desenlace en las urnas, de las que saldrá el sucesor del actual gobernante, Mario Abdo Benítez.
Algunas encuestas que circulan en las redes sociales apuntan a un empate técnico entre Alegre y Peña.
En la pugna por la Presidencia también se destacan el polémico abogado y exsenador Paraguayo Cubas -ubicado tercero por algunos sondeos-, así como el excanciller Euclides Acevedo y el exportero de fútbol José Luis Chilavert.
FONDOS DE CAMPAÑA, UNA PREOCUPACIÓN
El ambiente en Asunción, la capital del país, es de escasa actividad proselitista pese a que quedan por delante cuatro días para que concluya el plazo oficial para la difusión de la propaganda en vías y espacios públicos, así como en los medios de comunicación.
La campaña terminó salpicada por las sanciones financieras que EE.UU. impuso en enero pasado al expresidente y líder del Partido Colorado, Horacio Cartes, por su presunta participación en hechos de corrupción.
A diferencia de las elecciones primarias de diciembre pasado, en las que estuvo en el centro de la atención pública y fue elegido presidente del Partido Colorado o la también llamada Asociación Nacional Republicana (ANR), Cartes ha optado en las últimas semanas por un bajo perfil.
Cartes debió delegar en terceros la gestión y administración como firmante y representante del oficialismo de los recursos para la campaña, a raíz de las medidas estadounidenses.
El Partido Colorado, que ha gobernado Paraguay en los últimos 70 años con excepción del mandato del exobispo Fernando Lugo (2008-2012), ha debido echar mano de opciones jurídicas para financiar lo que resta de la contienda electoral.
La ANR solicitó días atrás al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que transfiera a un banco al término de estos comicios y de los procesos previstos por la ley parte de los fondos que prevé recibir por concepto de subsidio electoral y del aporte del Estado a las agrupaciones políticas.
"Ya salió el crédito, ya se depositó la plata en la cuenta y el lunes se va a repartir el recurso para el transporte, para el viático de los amigos y también para el festejo que va a haber", anunció el aspirante del oficialismo a la Vicepresidencia, el diputado Pedro Alliana, sobre los fondos solicitados.
Alliana, citado en un comunicado de su partido, hizo el anuncio durante un acto de campaña en Itaipúa, la capital del departamento de Encarnación (sur).
También 18 de las organizaciones departamentales agrupadas en la coalición opositora Concertación Nacional pidieron usar este mecanismo para costear sus últimas actividades proselitistas.
PROPUESTAS EN SEGUNDO PLANO
A la escasa promoción de los partidos se sumó la cancelación del tradicional debate entre los dos primeros aspirantes a la Presidencia. Los organizadores desistieron de su realización luego de que Peña pusiera como condición para participar que se invitara a otros de sus rivales y no solo a Alegre, como estaba planteado originalmente el formato de discusión.
Las críticas y acusaciones de corrupción han acaparado la escena, desplazando los programas de Gobierno.
Los candidatos han esbozado hasta ahora propuestas en asuntos específicos: Peña ha prometido 500.000 nuevos empleos y programas como chau chespi (crac), para reducir el consumo de drogas y promover la rehabilitación, o para adquirir casa propia mediante préstamos flexibles a precios de alquiler o la construcción de viviendas sociales.
Alegre anunció en días pasados los nombres de quienes conformarían su gabinete de Gobierno, en su mayoría procedentes del distintos sectores políticos, incluido el colorado. De igual forma ha propuesto el acceso gratuito a medicamentos, ampliar la cobertura a internet y una política de participación y protección de las mujeres.
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