Estados Unidos sancionó este miércoles a tres jueces de Nicaragua por haber despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Entre las personas que quedaron sin pasaporte nicaragüense están los 222 presos políticos a quienes desterraron del país y que enviaron a Estados Unidos el pasado febrero, incluidas prominentes figuras de la oposición como Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
Estados Unidos responsabilizó al juez Octavio Rothschuh, del Juzgado Primero de Apelaciones en lo Penal de Managua; al juez Ernesto Rodríguez, de la Corte de Apelaciones de Managua, y a la jueza Nadia Tardencilla, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Distrito de Managua, todos ellos sancionados por el Departamento del Tesoro.
“Seguiremos utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para garantizar la rendición de cuentas por los abusos del régimen de Ortega-Murillo”, advirtió el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en un comunicado.
Preocupación por el obispo Rolando Álvarez, preso en Nicaragua
El líder de la diplomacia estadounidense exigió además al Gobierno de Ortega la “inmediata e incondicional liberación” del obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ir en el grupo de desterrados de su país en febrero pasado.
Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el juez Rothschuh anunció la decisión de desterrar a los 222 presos nicaragüenses, el juez Rodríguez retiró la nacionalidad a otras 94 personas, incluidos periodistas, activistas y clérigos; y la jueza Tardencilla despojó de la nacionalidad al obispo Álvarez tras condenarlo de traición.
“El régimen de Ortega sigue participando en acciones antidemocráticas que tienen como objetivo a las figuras de la oposición que más se hacen oír en Nicaragua, incluso a través de su sistema judicial”, denunció el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
Como resultado de la acción de este miércoles, todas las propiedades en Estados Unidos de los sancionados quedan bloqueadas y se prohíbe realizar transacciones económicas y comerciales con ellos.
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