Una protesta antigubernamental en Puno, en los Andes peruanos, se convirtió este miércoles en una fiesta de carnaval con manifestantes y policías rociándose mutuamente espuma y agua, un gesto amistoso que contrasta con la violenta convulsión social que vive Perú desde diciembre.
"Están presentes nuestras costumbres de carnavales", explicó a la AFP Rosmery Cutipa, una manifestante de 42 años que celebraba el carnaval.
Cutipa llevaba un cartel con la imagen de José Luis Aguilar, un joven de 22 años fallecido en Ayacucho (550 km al sureste de Lima) el 15 de diciembre en una protesta contra la presidenta peruana Dina Boluarte.
"Con nuestras costumbres seguimos protestando, y no nos vamos a rendir o a cansar hasta que renuncie Dina Boluarte", aseguró Cutipa, con el rostro cubierto por el talco que se usa en la fiesta.
La particular celebración ocurrió cerca del mediodía, cuando una marcha para recordar a los 48 civiles muertos en enfrentamientos con cuerpos de seguridad alcanzó la sede de la comisaría policial frente a la Plaza Mayor de Puno, capital de la región homónima, ubicada a 1.300 km de Lima, en las orillas del lago Titicaca.
Allí, en la plaza de Armas, se reúne cada día un grupo de personas para expresar su descontento con el gobierno de Boluarte. Ofrecen algunos discursos y luego se retiran.
Pero este miércoles fue diferente, pues tras la marcha, los manifestantes empezaron a rociar espuma, agua, confeti y talco a los policías, que vestían sus cascos y equipos antimotines, y que se vieron cubiertos de la espuma de carnaval en sus escudos y cuerpos.
La policía pasó luego 'a la ofensiva' y respondió, amistosamente, arrojando espuma y baldes de agua a las personas congregadas.
Durante cerca de una hora, aproximadamente un centenar de personas, incluidos niños y adolescentes, se divirtieron junto con los efectivos policiales, que también se mostraron sonrientes en el festejo, apegado a la tradición del carnaval en Puno.
Perú ha vivido unos dos meses de agitación social luego de que la presidenta Boluarte asumiera el cargo en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso tras intentar disolver el Parlamento y gobernar por decreto.
Esto desató una ola de protestas, sobre todo en el sur andino, exigiendo la renuncia de la mandataria y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.
Al respecto, la oenegé Amnistía Internacional advirtió la semana pasada que "en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales", lo que fue negado por el gobierno peruano.
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