Un juez federal impidió este viernes a la administración de Joe Biden poner fin a la política sanitaria que Estados Unidos impuso al comienzo de la pandemia y que permite la expulsión inmediata de quienes buscan asilo en sus fronteras terrestres.

El Título 42, como se denomina la medida sanitaria que tiene sus orígenes en una ley del siglo XIX y que raramente fue utilizada, concede a las autoridades estadounidenses la potestad de expulsar de forma inmediata y sin proceso legal a los migrantes sin visa que se presenten en su frontera terrestre, incluso aquellos que soliciten asilo.

La administración del demócrata Joe Biden anunció en abril que la medida expiraría el 23 de mayo, pero a pedido de 24 estados controlados por el Partido Republicano, el juez federal de Louisiana, Robert Summerhays, emitió una orden judicial temporal para bloquear esta acción, dejando la medida en pie.

"De acuerdo con el tribunal, los estados demandantes han completado los requerimientos para una orden judicial temporal", dice el fallo.

La Casa Blanca expresó su desacuerdo con el fallo y anunció que el Departamento de Justicia apelará la decisión, dijo la portavoz Karine Jean-Pierre en un comunicado.

"La autoridad para establecer las políticas de salud pública a nivel nacional debe recaer en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y no en un único tribunal de distrito", dice el texto, que confirma que se continuará aplicando la medida mientras se espera el resultado de la apelación.

"Desafortunada decisión"

Para activistas y expertos, la implementación del Título 42 vulnera el derecho internacional al no acoger a quienes buscan asilo o huyen de condiciones violentas.

"La desafortunada decisión de hoy dice que el gobierno puede suspender el asilo sin aviso previo, pero no puede restaurar las leyes de migración normales sin atravesar un largo y complicado proceso", dijo a AFP Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del Concejo Estadounidense para Migración, una organización sin fines de lucro.

"Esta decisión sin sentido derivará en más sufrimiento para quienes buscan asilo y generará más caos en la frontera", agregó.

"El Título 42 ha tenido un enorme efecto perjudicial en migrantes que buscan asilo", dice Reichlin-Melnick quien destaca que en muchos casos estas expulsiones no implican una deportación a los países de origen, dejando a las personas en una especie de limbo y en una situación de alta vulnerabilidad.

El juez Summerhays destacó en su fallo que los estados demandantes "argumentan que acabar con esta medida derivará en un aumento de los cruces fronterizos y que esto implicará el aumento de inmigrantes ilegales viviendo en Estados Unidos".

Sin embargo, expertos subrayan que aunque es imposible anticipar lo que ocurrirá si se levanta el Título 42 y se activan las leyes migratorias, la propia naturaleza de esta medida sanitaria puede haber contribuido a inflar las cifras de las autoridades fronterizas, porque los expulsados pueden intentar cruzar una infinita cantidad de veces.

Desde que la administración del expresidente Donald Trump invocó la medida en marzo de 2020, el Título 42 ha sido utilizado más de 1,8 millón de veces para expulsar personas en la frontera. Pero eso no se traduce necesariamente en cantidad de migrantes.

"Tenemos una visión ligeramente distorsionada de las cifras totales de cruces fronterizos", explica Reichlin-Melnick. "Algunas personas han cruzado varias veces. Eso aumenta los números de aprehensiones por las autoridades y parece que más gente está cruzando la frontera de lo que en realidad ocurre".

Para los especialistas, en estos intentos los migrantes se exponen cada vez más, muchos arriesgándose en peligrosas rutas a través del desierto, de las corrientes o saltando el muro fronterizo que en algunos tramos alcanza 9,1 metros de altura.

Según datos de las autoridades estadounidenses, el año pasado fue el más letal tras registrarse 557 muertes en la frontera.

"Lo más difícil es saber que más migrantes estarán sin protección y serán puestos en situaciones de alto peligro", dijo a la AFP Pedro Ríos, de la ONG Comité de Servicio de los Amigos de Estados Unidos.

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