Reino Unido anunció el jueves un controvertido plan de control de la migración clandestina, que incluye enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, país africano a 7.000 km de distancia, y vigilar con buques militares los cruces ilegales del Canal de la Mancha.

"A partir de hoy, la Royal Navy asumirá el mando operativo en el Canal de la Mancha (...) para garantizar que ninguna embarcación llegue al Reino Unido sin ser detectada", anunció el primer ministro Boris Johnson, durante una visita a Dover, en la costa del sur de Inglaterra, por donde ha llegado en los últimos meses un número creciente de embarcaciones con migrantes.

Para apoyar a la marina, el ejecutivo dedicará 50 millones de libras (65 millones de dólares, 60 millones de euros) a más personal y nuevo material como helicópteros, aviones y drones, precisó.

"Esto enviará un mensaje claro a quienes conducen las pateras: si arriesgan la vida de otros en el Canal, se arriesgan a pasar su propia vida en prisión", afirmó.

Al mismo tiempo, su gobierno llegó a un acuerdo con las autoridades de Ruanda para enviar a ese país africano, con un "lamentable balance en materia de derechos humanos" según Amnistía Internacional (AI), a las personas que entren ilegalmente en el Reino Unido y a quienes lo hayan hecho desde principios de este año.

La ministra del Interior, Priti Patel, viajó a Kigali para cerrar este multimillonario acuerdo, que provocó la indignación de oenegés como AI, quien denunció "una idea escandalosamente mal concebida" que "provocará sufrimiento y malgastará enormes sumas de dinero público".

Ruanda recibirá en un primer momento 120 millones de libras (157 millones, 144 millones de euros) "para acoger a demandantes de asilo y migrantes y darles una vía legal para la residencia" en ese país situado a 7.000 km del Reino Unido, informó su ministro de Relaciones Exteriores, Vincent Biruta.

"Se trata de garantizar que las personas estén protegidas, sean respetadas y capacitadas para emprender sus propias ambiciones y establecerse de forma permanente en Ruanda, si así lo desean", indicó.

- "Cobarde, barbárica e inhumana" -

En las calles de Dover, las opiniones estaban divididas sobre los migrantes.

"Hay que devolverlos porque no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es cuidar de nuestra propia gente, cosa que no estamos haciendo", dijo a la AFP Andy, de 68 años, veterano del ejército británico.

Pero para Mike Allan, jubilado de 73 años, la idea es "absolutamente ridícula" y "mucho más cara a largo plazo".

El plan -que puede afectar a "decenas de miles de personas en los próximos años" según Johnson- podrá aplicarse a todos los migrantes o refugiados llegados al Reino Unido de forma clandestina, independientemente del país o continente del que procedan.

Resulta tan controvertido que la oposición británica acusó a Johnson de buscar con él desviar la atención del escándalo sobre las fiestas ilegales en Downing Street durante los confinamientos, por el que fue personalmente multado el martes haciendo temer una nueva crisis política dentro de su Partido Conservador.

El control de la inmigración fue uno de los temas claves durante la campaña del Brexit y tras lograr sacar al país en la Unión Europea en 2020 Johnson prometió poner fin a las llegadas clandestinas.

Pero los números no dejan de aumentar: 28.500 personas realizaron en 2021 en precarias embarcaciones la peligrosa travesía del Canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, frente a 8.466 en 2020 y 299 en 2018, según cifras del ministerio del Interior.

Decidido a disuadir a traficantes y migrantes, el gobierno británico también creará centros específicos en los que ingresar a quienes lleguen de forma clandestina, similares a los abiertos en Grecia, para sustituir a los actuales alojamientos hoteleros, precisó Johnson.

"Nuestra compasión puede ser infinita pero nuestra capacidad para ayudar a la gente no lo es", afirmó el primer ministro, deseoso de mejorar su popularidad antes de unas elecciones municipales en mayo que pueden resultar cruciales para su futuro político.

Tim Naor Hilton, director general de la oenegé Refugee Action, denunció el nuevo plan como una "forma cobarde, bárbarica e inhumana de tratar a las personas que huyen de la persecución y la guerra".

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