El Comité de Ética de Italia, la mayor autoridad regional sanitaria pública, autorizó por primera vez el suicidio asistido en el caso de un tetrapléjico que lleva 10 años paralizado, una práctica castigada hasta el 2019 con una pena de 5 a 12 años de cárcel.
El Comité de Ética, tras varias verificaciones realizadas por un equipo de médicos especialistas, (...) confirmó que se cumplían los criterios para acceder legalmente al suicidio asistido", explicó en un comunicado la Asociación Luca Coscioni, que batalla desde hace años por la legalización del suicidio asistido en Italia.
La ley italiana castiga el suicidio asistido con una pena de 5 a 12 años de prisión, pero en 2019 el Tribunal Constitucional introdujo una excepción para "los pacientes mantenidos con vida mediante tratamiento [...] y que padecen una patología irreversible, fuente de sufrimientos físicos y psicológicos que consideren intolerables, siendo plenamente capaces de tomar decisiones libres y conscientes".
El caso autorizado es el de Mario (nombre ficticio), de 43 años, un camionero que quedó tetrapléjico hace diez años a raíz de un accidente de tráfico en el que se quebró la columna vertebral.
En repetidas ocasiones solicitó a las autoridades sanitarias de la región donde reside, Las Marcas, en el centro de la península, autorización para acceder al suicidio asistido, lo que le fue negado, hasta que un equipo de abogados de la Asociación Luca Coscioni se hizo cargo del caso.
"Me siento más ligero, me he liberado de la tensión acumulada durante estos años", confesó Mario, según informó la asociación.
Por ahora no han sido definidas las modalidades concretas ni la fecha en que lo ayudarán a suicidarse.
La decisión del Tribunal Constitucional de 2019 supuso un terremoto en Italia, un país con una fuerte tradición católica, pero dejó un vacío legal ya que no definió los procedimientos para aplicarla.
Por ello la Asociación Luca Coscioni lanzó una petición a favor de un referéndum sobre la legalización de la eutanasia en Italia, la cual ha sido firmada por más de 750.000 personas. La consulta nacional podría celebrarse a partir del 2022.
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