El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró "arbitrarios" los juicios realizados contra el juez español Baltasar Garzón, inhabilitado durante once años por prevaricación al investigar un importante caso de corrupción.
Célebre por haber intentado extraditar en 1998 al exdictador chileno Augusto Pinochet, Garzón, de 65 años, fue expulsado de la carrera judicial en 2012 por ordenar escuchas ilegales en el caso de la red de corrupción conocida como "Gürtel", vinculada al conservador Partido Popular, entonces en el poder.
También fue juzgado por investigar los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco a pesar de una ley de amnistía general aprobada en España en 1977, aunque en ese caso fue absuelto.
El exmagistrado, que desde entonces se dedicó a la abogacía y ha representado a personajes como Julian Assange, interpuso en 2016 una denuncia ante las Naciones Unidas, cuyo Comité de Derechos Humanos le dio ahora la razón.
"Los juicios contra el exjuez español Baltasar Garzón por los casos Franquismo y Gürtel fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad judicial", indicó el Comité de Derechos de la ONU en la decisión publicada este jueves.
En un comunicado, el organismo indica que en ambos casos, las decisiones de Garzón se pueden interpretar como acordes a la ley.
Pero "aun en el supuesto de que Garzón hubiera incurrido en un error judicial, este debiera haberse corregido mediante la revisión por un tribunal superior y no mediante el procesamiento penal del exjuez", argumenta.
“Los jueces deberían poder interpretar y aplicar la ley sin miedo a ser castigados o juzgados por el contenido de sus decisiones. Ello es fundamental para preservar la independencia judicial”, explica José Santos Pais, miembro del Comité.
El organismo de la ONU también pone en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo que juzgó a Garzón en ambos casos y critica que "los procesos fueron tramitados simultáneamente, los juicios orales por las dos causas tuvieron lugar con cinco días de diferencia y las sentencias se dictaron con 18 días de intervalo".
La "trama Gürtel" terminó provocando un terremoto político en España en 2018, cuando 29 personas vinculadas al Partido Popular fueron condenadas por corrupción y la misma formación se consideró "partícipe a título lucrativo".
Esa sentencia precipitó una moción de censura de la oposición que desbancó al presidente del gobierno conservador Mariano Rajoy, reemplazado por el socialista Pedro Sánchez.
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