La alcaldesa de Bogotá anunció este miércoles la creación de un "comando" policial que perseguirá a los migrantes que delincan y la decisión fue cuestionada por autoridades nacionales de Colombia.
La iniciativa consiste en "un comando de policía y migración que nos ayude combatir las estructuras criminales de población migrante", explicó la alcaldesa Claudia López en una declaración a medios.
La fuerza se encargará de "identificar y judicializar" a los migrantes que cometan delitos, agregó la mandataria sin dar detalles sobre cuántos agentes la integrarán ni cuándo comenzará a operar.
El gobierno de Colombia aclaró a través de la autoridad migratoria que no respaldará "este tipo de mecanismos".
"La creación de comandos o mecanismos conjuntos de autoridades es competencia exclusiva del gobierno nacional", advirtió en una rueda de prensa el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.
Según la alcaldesa su decisión responde al homicidio de dos policías a manos de venezolanos en lo corrido del año. Uno de los crímenes ocurrió la semana pasada.
"Estructuras criminales de población migrante (...) están operando con un altísimo nivel de violencia, incluso contra miembros de la policía", enfatizó la gobernante de la ciudad de 8 millones de habitantes.
Pero algunos sectores levantaron voces de protesta ante una medida que consideran discrimina a los 340.000 venezolanos que llegaron a Bogotá huyendo de la crisis en su país.
"Mensajes y políticas públicas que califican a #PersonasMigrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población", reclamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un mensaje de Twitter.
A comienzos de año la alcaldesa fue blanco de críticas por acusar a "una minoría de migrantes venezolanos, profundamente violentos" de ser "un factor de inseguridad enorme".
López se retractó y ofreció disculpas.
Según la ONU 5,6 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015, unos 1,8 millones se encuentran en Colombia.
De acuerdo con Migración Colombia, poco menos del 1,8% de los 97.000 detenidos en el país tienen esta nacionalidad.
"Tenemos que hacer una cruzada de mucho cuidado con las palabras, de nunca generalizar, nunca estigmatizar", pidió el director de la entidad.
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