Los Estados, sobre todo los occidentales, invirtieron grandes cantidades de dinero público para sostener sus economías durante la pandemia, pero solo el 2% de estos recursos se destinaron a las energías renovables, según un estudio de los planes de recuperación realizado por la AIE.

Hasta ahora, la mayor parte de los 16 billones de dólares anunciados para hacer frente a la crisis del covid-19 se destinaron a medidas sanitarias y de apoyo a las empresas y familias.

Unos 2,3 billones se invirtieron en la recuperación económica, pero solo 380.000 millones en impulsar energías verdes.

Por este motivo, “teniendo en cuenta las previsiones actuales de gasto público, las emisiones de CO2 siguen una trayectoria que las llevará a niveles récord en 2023 y seguirán creciendo los años siguientes”.

“Desde el inicio de la crisis del covid-19, numerosos gobiernos destacaron la importancia de reconstruirse con un modelo mejor, para un futuro más limpio, pero muchos de ellos aún deben convertir sus palabras en hechos”, aseguró el director de AIE, Fatih Birol.

“No solo la inversión en energías renovables en el mundo se encuentra lejos de la trayectoria que permita alcanzar la neutralidad carbono a mediados de siglo, sino que ni siquiera logran evitar un nuevo récord de emisiones”, lamentó.

Fuerte disparidad entre Norte y Sur

Faltan fondos públicos y privados. Según cálculos realizados por la AIE y el FMI a mediados de 2020, sería necesario un billón de dólares de inversión verde adicional anual durante tres años (eficacia energética, electrificación, redes…) con respecto a lo pactado en el acuerdo climático de París,lo que permitiría crear “9 millones de empleos”.

Hasta ahora, las medidas adoptadas supondrán 350.000 millones de dólares de inversiones adicionales anuales, de 2021 a 2023: es más que antes del Covid, pero insuficiente.

La tendencia es particularmente alarmante en los países en desarrollo y emergentes, donde, por ejemplo, el aumento de la demanda eléctrica halla su respuesta en el carbón antes que en la energía solar y eólica.

Estas regiones registran apenas 20% de las inversiones necesarias para reducir sus emisiones, según el informe, que teme se registre una gran brecha con los países ricos.

De esta manera “muchos países pierden también oportunidades que podrían sacar del desarrollo de las energías limpias: crecimiento, empleos, despliegue de industrias energéticas del futuro”, se lamenta Fatih Birol, que subraya el compromiso de los países del Norte respecto al Sur.

En la COP21 en París de 2015, los países se comprometieron a suministrar 100.000 millones de dólares anuales de financiamientos climáticos a lo largo de diez años.

Con la crisis del Covid, la AIE quiere, con ayuda del instrumento de seguimiento de los planes de relanzamiento (“Sustainable Recovery Tracker”), ayudar a los gobiernos a medir el impacto de su acción. Este balance actualizado también se publica con vistas al G20 de los ministros de Medio Ambiente y de Energía que tiene lugar el 22 y 23 de julio en Nápoles.

Se han analizado más de 800 medidas en 50 países y se pueden consultar en la página web de la agencia.

Basada en París, la AIE fue creada por la OCDE en 1974 para garantizar la seguridad energética mundial, en particular en los países ricos.

En mayo, la institución, que supervisa también las emisiones de gases de efecto invernadero que emite la energía (la mayoría de las emisiones totales), publicó una hoja de ruta para la neutralidad carbono mundial para 2050. La mayor conclusión es que hay que abandonar cualquier proyecto nuevo de exploración de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón).

Una vía “estrecha pero todavía viable si actuamos ya”, recordó Birol el martes.

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