La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles la respuesta "desproporcionada" y "letal" de las fuerzas estatales de Colombia frente a las protestas que estallaron el 28 de abril contra el gobierno, luego de una visita extraordinaria al país.
“La Comisión constató que de manera reiterada, en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. En muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal”, dijo la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, durante una rueda de prensa virtual en Washington.
La Comisión presentó un informe de 48 páginas con las denuncias de violaciones a los derechos humanos recogidas durante su visita a Colombia entre el 6 y el 10 de junio en medio de una severa crisis provocada por el descontento hacia el gobierno de Iván Duque.
Tras escuchar a más de 500 personas, la CIDH recomendó al Estado colombiano respetar el derecho a manifestarse, el “cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza”, separar a la policía del ministerio de Defensa, “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protesta”, proteger a los periodistas que son blanco frecuente de agresiones, reparar a las víctimas, entre otras sugerencias.
El presidente Duque aseguró de su lado que es “respetuoso de la protesta pacífica” pero no de los “actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos” viales.
“Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, aseguró el mandatario conservador en Bogotá.
Brutalidad policial
El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas en las calles. La represión avivó el malestar social dando lugar a un movimiento de rechazo a la gestión de Duque durante la pandemia.
Las protestas han sido en su mayoría pacíficas (89%), aunque se han presentado cortes de rutas, disturbios y choques entre civiles y la fuerza pública, según la CIDH.
Más de 60 personas han muerto en medio de la crisis, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y autoridades civiles, aunque la Comisión denunció “inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado”.
La policía está en la mira de la comunidad internacional por excesos y abusos contra los manifestantes.
Duque, aprovechando la visita de la CIDH, anunció un plan para “modernizar” la fuerza policial en derechos humanos, sin sacarla de la tutela del ministerio de Defensa como exigen los manifestantes, ante el trato militar que recibieron.
“La Comisión observa con preocupación la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social. Al respecto, reitera que los desacuerdos se dan entre personas que hay que proteger y no frente a los enemigos que hay que combatir”, indicó en el informe.
No obstante las denuncias recabadas por los comisionados durante su visita, el gobierno enfatizó este miércoles en que el “uso de la fuerza” se da en “eventos (…) excepcionales” bajo el principio de “legalidad”.
Cortes de ruta
El informe de la CIDH recoge las denuncias del gobierno sobre las “infiltraciones de las protestas de terceros armados”.
Según autoridades, grupos dedicados al narcotráfico y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida del país, se camuflan entre los manifestantes para generar caos.
En cuanto a los cortes de rutas el gobierno insistió en rechazarlos, por poner “en riesgo la vida, salud y subsistencia de los ciudadanos”.
La CIDH por su lado recomendó evaluarlos “caso por caso, procurando la coexistencia entre el ejercicio del derecho humano a la protesta y los derechos fundamentales de terceros”.
El reporte destaca también denuncias sobre agresiones a mujeres, indígenas, afros, personas LGTBI y recomienda un “diálogo efectivo e inclusivo” para salir de la crisis.
La CIDH “constató con suma preocupación la existencia de un clima de polarización (…) que se manifiesta en discursos estigmatizantes” que en ocasiones “provienen de autoridades públicas”, añadió.
El frente más visible de las movilizaciones suspendió las protestas hasta el 20 de julio, aunque marchas menos concurridas persisten con otros liderazgos.
Los manifestantes exigen un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, la pobreza (42%) y el desempleo (16,6).
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