“Gracias por la lista, pero en El Salvador tenemos la nuestra”, dijo Bukele en Twitter, horas antes de la Fiscalía y un fuerte contingente policial allanara e incautara el edificio de la sede central de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en San Salvador.

“20 años tardó, pero llegó. #Laverdaderalista”, escribió luego el mandatario. Además de la sede, se incautaron otros bienes, todo por un total de 3,9 millones de dólares, tras una orden judicial que busca recuperar 10 millones de dólares desviados de un donativo de Taiwán en 2003.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se presentó durante el operativo. “Ha llegado el momento de aplicar todo el peso de la ley contra los verdaderos ‘destinatarios’ del partido Arena; ellos y toda su dirigencia se quedaron con el dinero #CasoTaiwán, ahora responderán por sus crímenes”, comentó.

Distraer la atención

“El edificio (de Arena) lo vamos a convertir en un gimnasio para jóvenes atletas”, mientras que la estatua de bronce del líder histórico de la agrupación, el extinto mayor Roberto D’Aubuisson, “se convertirá en tapaderas de alcantarilla”, dijo Bukele, quien compartió imágenes del operativo contra el local partidario.

“De todo el dinero donado por Taiwán, desaparecieron 15 millones de dólares, 10 millones de dólares vinieron a parar a este partido político [Arena]”, dijo a la prensa el fiscal general, Rodolfo Delgado, recientemente nombrado por el Congreso oficialista, que destituyó a su antecesor en mayo.

Como medida cautelar, la Fiscalía también ordenó la “inmovilización” de la deuda política que Arena obtuvo tras los votos recibidos en los comicios legislativos y municipales de febrero, de 2,9 millones de dólares.

“El presidente, su fiscal y policía doblegada a él tratan de distraer la atención pública de los actos de corrupción de su gobierno, para no dar la cara a la población salvadoreña y a la comunidad internacional”, dijo el partido Arena en un comunicado. “Estamos frente a un inminente peligro, rumbo a una dictadura”, agregó.

La lista estadounidense

En la denominada lista Engel del Departamento de Estado, se incluye a 50 funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, considerados “actores corruptos y antidemocráticos”, a los que se les prohibió la entrada a Estados Unidos.

En el caso de El Salvador están en la lista la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, y el ministro de Trabajo, Rolando Castro. También los exministros de Seguridad Rogelio Rivas y de Agricultura, Pablo Anliker Infante.

Aparece además el actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Luis Guillermo Wellman Carpio, señalado de tabular resultados “para su beneficio personal”.

Figuran también dos destacados miembros del ahora opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobernó El Salvador (2009-2019): José Luis Merino y Sigfrido Reyes.

“Yo respeto el derecho interno de los Estados Unidos, de igual forma como espero que respeten el derecho interno de los salvadoreños”, dijo el fiscal Delgado.

El caso Taiwán

El caso se remonta a octubre de 2003, cuando el entonces presidente Francisco Flores (1999-2004), según el fiscal, recibió “una serie de donativos” de Taiwán que eran “dineros” destinados para proyectos en favor de las víctimas de dos terremotos de 2001.

Taiwán, con su “política del dólar”, figuraba como uno de los principales donantes de gobiernos centroamericanos que votaban a favor del ingreso de Taipei a la ONU.

Flores murió en enero de 2016, cuando era procesado por el desvío de los 15 millones.

Diez millones fueron utilizados por Arena en la campaña proselitista del ahora encarcelado expresidente Elías Antonio Saca, que gobernó el país entre 2004 y 2009.

Pero en julio de 2019, Saca fue sobreseído en un proceso penal por lavado de dinero, debido a que el supuesto delito había prescrito.

No obstante, Saca ya había sido condenado en 2018 a diez años de prisión tras confesar el desvío de 301 millones de dólares de fondos públicos durante su gobierno, y está preso.

Además de la sede central de Arena, la Fiscalía tomó el control de otro inmueble y de 17 vehículos.

“Con esto (bienes inmovilizados) la Fiscalía General de la República desea recuperar una pequeña parte de todo lo utilizado por este partido político para la campaña presidencial de Elías Antonio Saca”, subrayó el fiscal Delgado.

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