El gobierno de Joe Biden atribuye a la corrupción en el llamado Triángulo Norte centroamericano gran parte de las condiciones que motivan la migración irregular a la frontera sur, que en los últimos meses ha registrado números récord.

“Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos”, dijo en Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken.

“La corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”, añadió.

La conocida como Lista Engel fue entregada al Congreso en cumplimiento de una ley de diciembre pasado, patrocinada por el entonces legislador Eliot Engel, que le daba 180 días al Departamento de Estado para identificar a quienes en esos tres países centroamericanos estuvieran involucrados en corrupción, obstruyeran la justicia o socavaran la democracia.

“Señalamos casos donde tenemos información clara”, explicó a periodistas Ricardo Zúñiga, enviado especial de Biden para el Triángulo Norte, subrayando que “el combate a la corrupción es un objetivo importante para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

“No excluimos aplicar otras medidas si son pertinentes”, añadió, en alusión a eventuales sanciones económicas.

Expresidentes y actuales ministros, legisladores y jueces fueron incluidos en la lista, que incluye a 21 ciudadanos de Honduras, 20 de Guatemala y 14 de El Salvador.

Lobo contra Hernández

Los expresidentes de Guatemala Álvaro Colom (2008-2012), señalado por anomalías en un contrato del transporte público; y de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014), acusado de recibir sobornos del grupo narcotraficante Los Cachiros, están entre las figuras más prominentes.

Lobo cuestionó duramente la legitimidad del listado, apuntando contra el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien ha sido implicado en una corte en Nueva York de tráfico de cocaína a Estados Unidos junto a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado en marzo a cadena perpetua por la justicia estadounidense.

“¿Qué es lo que todos sabemos? Que el mayor corrupto que hay en Honduras y que ha habido en la historia de este país se llama Juan Orlando Hernández y no está en la lista. ¿Qué legitimidad puede tener esa lista?”, dijo Lobo a Radio América.

“Que publiquen lo que quieran, yo sé que yo no he recibido dinero para favores (…) Es totalmente falso”, aseguró.

El derrocado expresidente hondureño Manuel Zelaya criticó la “‘nueva’ diplomacia” de Washington. “No toca ni con un pétalo de rosa a su aliado JOH”, tuiteó.

Además de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, una quincena de integrantes del unicameral Congreso Nacional de Honduras integran el listado.

Cercanos a Bukele

Varios de los nombres difundidos el jueves por el Departamento de Estado ya habían sido incluidos en listado reducido divulgado en mayo, que fue depurado y ampliado.

De El Salvador, destacan personas cercanas al presidente Nayib Bukele: su jefa de gabinete, Carolina Recinos, y el ministro de Trabajo, Rolando Castro. También están los exministros de Seguridad Rogelio Rivas y de Agricultura, Pablo Anliker Infante.

Aparece además el actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Luis Guillermo Wellman Carpio, señalado de tabular resultados “para su beneficio personal” y “permitir la influencia maligna de los chinos durante las elecciones salvadoreñas”.

Asimismo, figuran dos destacados miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobernó El Salvador hasta 2019: José Luis Merino y Sigfrido Reyes.

Magistrados guatemaltecos

De Guatemala, sobresalen dos jueces. Uno de ellos es Nester Vásquez, recién juramentado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, la cual está por encima de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y es fundamental para dirimir casos políticos y constitucionales. El otro es Manuel Duarte Barrera, integrante de la CSJ.

Fueron identificados también Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo, una entidad que se ha encargado de perseguir penalmente y promover una campaña de desprestigio contra el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval.

La Feci fue creada cuando funcionaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de las Naciones Unidas que desmanteló una estructura en 2015 dedicada a evadir impuestos y provocó la renuncia del entonces gobernante, Otto Pérez, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ambos en prisión y a la espera de juicio.

Otros guatemaltecos que destacan son los legisladores Boris Roberto España Cáceres y Felipe Alejos Lorenzana, exprimer secretario del Congreso, así como Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete de Colom; y Mario Amílcar Estrada Orellana, exlegislador y candidato presidencial en 2019, condenado en 2020 en Estados Unidos a 15 años de carcel por narcotráfico.

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