El inédito proceso no sólo representa una oportunidad histórica para salir de una dura crisis social, también pretende enterrar la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que es señalada como la base de un Estado ausente, “subsidiario” del sector privado en un marco de una economía ultraliberal, y promotor de desigualdad.

Para muchos este proceso significa también el fin de la “transición”, como se denomina el traspaso del poder desde la dictadura al presidente elegido Patricio Aylwin, 17 años después del golpe de estado de 1973.

El nuevo capítulo empieza con una clara señal de apertura luego de la elección por voto popular y de los 155 integrantes de la Convención paritaria -hecho inédito en el mundo-, junto con la inclusión de 17 cupos reservados a los pueblos originarios, una primicia también en Chile.

“La Constitución de 1833 se hizo en un marco de república oligárquica y la de 1925 de democracia limitada” cuando, por ejemplo, sólo podían votar los hombres. “Esta es la primera vez que la ciudadanía pudo elegir a un cuerpo para escribirla”, señaló a la AFP Claudio Fuentes, analista político y académico de la Universidad Diego Portales (UDP).

Entre todos y sin conocidos

La composición de la Convención es heterógenea, con desconocidos de distintos orígenes demográficos, étnicos, y profesionales, con un marcado sentido “ecocentrista”. Un 40% aproximadamente de los Convencionales son independientes -en su mayoría con afinidades de centro-izquierda- y que básicamente buscan construir un Estado garante de derechos sociales.

“Esto no debe leerse desde la óptica tradicional de la derecha o izquierda”, advirtió a la AFP Marcela Ríos, representante asistente del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile.

Según plantea Ríos en este proceso una parte muy importante de los nuevos actores se plantean desde una diferenciación con las élites tradicionales.

“Ha habido hace mucho tiempo un quiebre muy profundo entre la sociedad y las instituciones, baja confianza en las instituciones, cuestionamientos al rol de los partidos políticos”, y es desde ese lugar que hoy nace este proceso de cambio, afirmó, al indicar diferencias sustanciales entre los procesos constituyentes que se realizaron en Venezuela en 1999, Bolivia en 2006 o Ecuador en 2007.

En los palacios

De los miles de manifestantes que coparon las calles de Chile tras el estallido social -con episodios de extrema violencia- el 18 de octubre de 2019, una veintena juramentarán el domingo en los patios de la exsede del Congreso en Santiago, un lugar que dispuso por razones sanitarias.

Luego las sesiones se realizarán tanto en los salones del excongreso como en el palacio Pereira del centro de Santiago, un edificio neoclásico construido a mitad del siglo XIX.

Desde allí deliberarán durante nueve meses, prorrogable por otros tres, hasta presentar una nueva Constitución que se aprobará o rechazará en un plebiscito en 2022.

Se trata de una Convención Constituyente que “se parece al Chile real”, afirman analistas, con integrantes que son activistas medioambientales, dirigentes comunales, abogados, profesores, periodistas y economistas, junto a representantes de partidos políticos tradicionales en minoría y sin que ninguna fuerza política cuente con el tercio necesario para vetar, según un reglamento que exige aprobar las decisiones por 2/3 de los participantes.

La integran personas “que han trabajado fuerte por sus comunidades locales y ahora llegan a un espacio de discusión más abierta”, apunta Cristina Dorador, académica e investigadora científica de la Universidad de Antofagasta, constituyente electa del Movimiento Independientes del Norte por la Región de Antofagasta, 1.340 km al norte de Santiago.

En las antípodas ideológicas destaca la derechista Marcela Cubillos, exministra del gabinete de Sebastián Piñera, la segunda más votada, pese a que su bancada política fue de las grandes derrotadas en la elección de mayo.

Cubillos, que hizo campaña por el Rechazo en el plebiscito por una nueva Constitución, dijo que asume para defender lo obrado en estas tres décadas de democracia.

“Pareciera que en Chile sólo existe un diagnóstico, cuando la derecha no ha sido capaz ni siquiera de defender que estos 30 años han sido los mejores de la historia de Chile, y ha aceptado en silencio el discurso de la izquierda que nos quiere hacer pensar que han sido los peores 30 años de la historia nacional”, dijo en entrevista al diario La Tercera.

El juego está por abrirse, las expectativas son altas y el mayor desafío es que un grupo de desconocidos llegue a acuerdos desde este mismo 4 de julio, cuando deberán elegir a su presidente y vicepresidente en la primera jornada que se celebra simbólicamente el día que en 1811 se instaló el primer Congreso Nacional, diez meses después de iniciarse el proceso que conduciría a la independencia de Chile.

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