“El partido de gobierno está dedicado a bloquear, a impedir que se llegue a acuerdos (…) y el gobierno nacional sigue al pie de la letra sus instrucciones”, reclamó el llamado Comité Nacional de Paro en un comunicado al termino de una nueva rueda de conversaciones.

En la mañana, el Comité, que no agrupa a todos los sectores que protestan contra el gobierno, anunció “acercamientos para levantar” los bloqueos viales que afectan especialmente al suroeste del país.

Pero al terminar la jornada, el consejero presidencial Emilio Archila contestó que “sin pedir imposibles, esos bloqueos deben desaparecer” para avanzar en una eventual negociación.

Los delegados de Duque y del Comité de Paro han sostenido varias rondas de conversaciones desde el 7 de mayo, sin alcanzar un acuerdo para iniciar negociaciones. El Comité llamó a una nueva jornada de protestas para mañana.

Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se prepara para visitar el país entre el 8 y el 10 de junio, cuando evaluará una cascada de denuncias de excesos de las autoridades durante las sangrientas protestas.

El conservador Duque enfrenta la ira popular a un año de las elecciones de las que deberá salir su sucesor. Un eventual acuerdo con el Comité es visto como un paso hacia el fin de la crisis, aunque no una solución definitiva

“La juventud de Cali ha dicho que las personas del Comité de Paro no nos representan. No nos rendimos y no paramos hasta que no se acabe el fuego”, expresó a W Radio Andrés Velásquez, líder de un bloqueo en la ciudad de esa ciudad del suroeste del país, epicentro de las protestas, tras conocer el llamado a acercamientos de los voceros del comité.

El gobierno atribuye a los bloqueos la muerte de dos bebés que quedaron atrapados en ambulancias y millonarias pérdidas económicas. “En la primera semana (de protestas) tuvimos 800 bloqueos, hoy quedan 36”, aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano.

Civiles en armas

Las partes dialogan en una sede neutral en Bogotá, cuando el país todavía procesa la jornada más violenta en esta crisis, detonada por la ya descartada idea del gobierno de cargar con más impuestos a una clase media empobrecida por la pandemia.

El viernes 28, mientras miles de personas conmemoraban en las calles el primer mes de levantamiento popular, 13 personas murieron en Cali, la tercera ciudad de Colombia y una de las más afectadas por las movilizaciones y los bloqueos viales.

Ese día hubo choques que involucraron a manifestantes, uniformados y civiles armados hasta con fusiles que dispararon en presencia de la policía, lo que ha hecho temer que fuerzas paraestatales estén cobrando protagonismo en la volátil coyuntura.

En un mes de protestas han muerto 59 personas, según reportes de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) y de autoridades civiles. La Fiscalía sostiene que 20 de estos casos “guardan relación directa con las manifestaciones”.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió una investigación “independiente” sobre los ataques que segaron vidas en Cali.

A raíz de lo ocurrido el viernes, Duque ordenó el despliegue de tropas en Cali y otros puntos del país bajo la figura de la “asistencia militar”, que faculta al ejército a apoyar las tareas de vigilancia de la policía, muy cuestionada local e internacionalmente por los abusos contra los manifestantes.

Garantías para protestar

Los jóvenes que están en las calles abogan por un Estado más solidario para hacer frente al desempleo, la deserción escolar y demás estragos que trajo la pandemia, que avanza implacable rompiendo récords diarios de muertes y contagios.

El gobierno y su contraparte chocaron desde el comienzo por la violencia que rodea el primer gran levantamiento popular desde el acuerdo de paz de 2016, que condujo al desarme de la extinta guerrilla de las FARC, hoy partido político Comunes.

Los manifestantes exigen una condena explícita de la represión policial y “garantías para la protesta”, mientras el presidente Duque quiere que se rechace sin ambages los cierres viales que causan desabastecimiento y han alcanzado a las misiones médicas.

Las fuerzas sociales, que se oponen a la militarización, también claman por una rechazo explícito de los excesos policiales.

Las partes volverán a sentarse en la mesa este jueves.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.