Mnangagwa, de 78 años, dirige a Zimbabue desde noviembre de 2017, unos días después de la renuncia de Mugabe tras un golpe de Estado militar. Ocho meses más tarde, ganó comicios fuertemente cuestionados por la oposición.

Las próximas elecciones están previstas para dentro de dos años, pero ya empezó a modificar la constitución, para solidificar su poder y desarmar a sus opositores.

Hace unas semanas, aprobó una enmienda que le da el poder de escoger a los jueces y prolongar el mandato de altos magistrados, inclusive más allá de la edad de la jubilación.

La oposición se preocupa por esos cambios que dan al presidente poderes excesivos.

Esta modificación de la Constitución “es clara en su intención de consolidar la posición del presidente antes de las elecciones de 2023”, declaró el Foro de las ONG de los derechos humanos de Zimbabue en un comunicado.

Es “el golpe más mortal al constitucionalismo”, deploró Dzikamai Bere, director de la Asociación de derechos humanos de Zimbabue.

Días después de la adopción de la enmienda, Mnangangwa prolongó cinco años el mandato del jefe de los jueces, Luke Malaba, ampliamente considerado como su aliado, cuando debía partir a la jubilaciónn a los 70 años.

Una asociación de abogados cuestionó con éxito la renovación de su mandato, dando indicios sobre la fuerza de la sociedad civil para limitar el poder del regimen.

El bando presidencial no ocultó su rabia y el ministro de Justicia Ziyambi Ziyambi llegó hasta amenazar con “golpear al enemigo en el ojo” y afirmar que los tribunales estaban manipulados por fuerzas extranjeras.

“Un verdadero bazar”

Al suceder a Mugabe, Mnangagwa generaba la esperanza de una “nueva democracia en marcha”, al prometer separarse del estilo autoritario del antiguo héroe de la independencia, que dirigió el país durante 37 años.

Pero para sus detractores, el ex vicepresidente es muy parecido a su ex jefe cuando buscar consolidar un Estado de partido único y debilitar al principal grupo opositor, el MDC.

Para acallar aun más a la disidencia, el gobierno cocinó un proyecto de “ley patriótico” para prohibir a cualquier zimbabuense “difundir de manera deliberada mensajes destinados a dañar la imagen y la reputación del país”.

Si es adoptado, este texto facilitará al gobierno insmiscuirse en las comunicaciones privadas entre ciudadanos y representantes de gobiernos extranjeros.

“Juntos, la enmienda constitucional y el proyecto de ley +patriótico+ constituyen un gran retroceso en términos de democracia”, dice Eldred Masunungure, politólogo de la Universidad de Zimbabue.

Según él, estos dos textos “animados de pulsiones autoritarias, son realmente concebidos para concentrar el poder entre las manos del presidente”.

“Es un gran bazar”, dice. “Se trata simplemente de acallar a la oposición”.

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