Apenas unos pocos vehículos y personas se veían en las calles donde la víspera se enfrentaron manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles.

Restos de barricadas y escombros reflejan el caos que envolvió a esta ciudad de 2,2 millones de habitantes, bajo toque de queda nocturno.

Trece personas murieron en diferentes episodios, entre ellas un funcionario de la fiscalía que mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una vía. La turba se abalanzó sobre el hombre -que estaba fuera de servicio- y lo linchó, según el ente investigador.

“En el sur de la ciudad tuvimos (…) casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados”, dijo el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, a Caracol Radio.

Al menos ocho muertes fueron por arma de fuego, según la policía.

En un mes de protestas masivas murieron por lo menos 59 personas, incluidos los 13 fallecidos del viernes, pues la Defensoría del Pueblo reportaba hasta entonces 46 occisos. Los heridos superan los 2.300 entre civiles y uniformados, según el ministerio de Defensa.

La ONG Human Rights Watch asegura haber recibido “denuncias creíbles” de 63 muertes, 28 de ellas relacionadas con las manifestaciones.

Duque, quien viajó a Cali y a Popayán, en el cercano Cauca, ordenó el despliegue de tropas bajo la figura de la asistencia militar que faculta al ejército a apoyar a la policía en tareas de control.

“Me siento más seguro con el ejército que con la policía (…) porque aquí siempre ha sido más respetado”, señaló Modesto Tenorio, un comerciante de 64 años que trabaja cerca de la alcaldía.

Civiles “masacrando”

En total 1.141 militares asumirán la vigilancia de Cali. En un decreto firmado la noche del viernes, el mandatario activó un dispositivo de apoyo militar de unos 7.000 hombres para 10 departamentos afectados por bloqueos viales.

Desde el 28 de abril a diario se movilizan multitudes para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia.

Viernes, la jornada fue particularmente violenta en Cali. “Nosotros estábamos en una actividad cultural con la gente porque ya estábamos celebrando un mes de paro” en el barrio de Meléndez (sur), “cuando se escucharon unos tiros”, relató a la AFP un testigo que pidió reservar su nombre por temor.

“Empezaron a masacrar la gente”. Eran “unos cinco personajes de civil, escondiéndose detrás de los árboles”, aseguró el bachiller de 22 años. Videos que se viralizaron en las redes respaldan su versión.

La policía aseguró en un comunicado que investigará a los uniformados que fueron “permisivos con la actuación de civiles armados”.

El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, llamó en un comunicado a evitar el “escalamiento” de la violencia.

Militarización bajo críticas

Colombia pasa por un inédito levantamiento popular que detonó una propuesta de Duque para aumentar impuestos a la empobrecida clase media, con el fin de tapar el hueco fiscal dejado por la pandemia. El mandatario cedió a la presión de las manifestaciones y archivó la iniciativa, pero la violencia policial agravó el malestar.

Los excesos de la policía, que en Colombia depende del ministerio de Defensa, han sido condenados por la comunidad internacional. Según la ONG Indepaz, 43 de las muertes serían de “presunta autoría de la fuerza pública”.

En los barrios deprimidos de Cali, donde se ensaña la violencia, la llegada de los militares suscita cierto temor.

“No nos sentimos a gusto, nos sentimos amenazados, nos sentimos más en peligro. De hecho nuestros niños tienen miedo”, lamentó Lina Gallegas, líder social de 31 años en la comuna de Siloé. “Si pasa algo no podemos llamar a la policía porque ellos son los que (…) están matando”.

El gobierno evita condenar abiertamente la represión y asegura estar enfrentando vandalismo y “terrorismo urbano de baja intensidad”. También denuncia que grupos guerrilleros financiados por el narcotráfico infiltraron el movimiento de protesta.

Luis Felipe Vega, profesor de ciencias políticas en la Universidad Javeriana, cuestionó la medida. Es como “apagar un incendio con gasolina”, ya que un soldado está formado para “neutralizar una amenaza”, no para controlar protestas, dijo a la AFP.

Rechazado por 76% de la población, Duque intenta desde hace dos semanas intenta negociar una salida a la crisis con el frente más visible de las protestas. Pero se encuentra bajo presión de su partido, el Centro Democrático (derecha), que reclama mano dura a un año de elecciones.

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