La más alta instancia judicial española se pronunció este miércoles en contra del indulto a los dirigentes catalanes condenados por el intento de secesión de 2017, una medida de gracia que parece contar con el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez.
En un comunicado, el Tribunal Supremo indicó que se opone “a la concesión de cualquier forma de indulto –total o parcial– a los doce condenados” por este mismo tribunal en octubre de 2019.
Nueve de ellos fueron considerados culpables del grave delito de sedición y recibieron penas de entre 9 a 13 años de cárcel, mientras que los otros tres solo fueron condenados por desobediencia a multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El tribunal considera haber respetado “el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueran condenados” y subrayaron la ausencia de “prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos” para justificar su decisión.
El informe del Supremo se hace público justo cuando el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, respaldado en el Congreso por una parte del independentismo catalán, prepara el terreno para esta medida de gracia con la que busca resolver la larga crisis en esta región.
“Hay un tiempo para el castigo y hay un tiempo para la concordia”, defendió este miércoles en el Congreso, justo un día después de asegurar que su ejecutivo tomará su decisión en base a “la concordia, el diálogo o el entendimiento” y no en “la venganza o la revancha”.
“Cumplir la ley no es venganza y defender la unidad nacional no es revancha”, le replicó el líder de la oposición Pablo Casado, del conservador Partido Popular (PP).
La condena de los 12 independentistas –antiguos miembros del gobierno regional, presidenta del parlamento regional o dirigentes de asociaciones separatistas– responde a su papel en la organización de un referéndum ilegal de autodeterminación en octubre de 2017, que quedó marcado por la violencia policial.
Semanas después de esa votación, con una alta abstención y cuyos resultados no fueron verificados independientemente, el Parlamento regional promovió una declaración unilateral de independencia a la que el gobierno central, entonces controlado por el PP, respondió destituyendo al gobierno regional e interviniendo la autonomía.
La condena de estos independentistas en octubre de 2019 provocó fuertes protestas en Cataluña, algunas con graves enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
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