La Unión Europea (UE) decidió el lunes por la noche cerrar su espacio aéreo a Bielorrusia y adoptar un nuevo tren de sanciones contra altos cargos y entidades de esta antigua república soviética, situada entre el bloque y Rusia.

Tras una conversación telefónica con el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos Jake Sullivan, la jefa de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya, urgió en Twitter a Washington “a aislar al régimen y a presionarlo con sanciones”.

La candidata a la elección presidencial de 2020 también reclamó en un mensaje en Telegram “la participación de las fuerzas democráticas bielorrusas” en la cumbre del G7 prevista del 11 al 13 de junio en el Reino Unido, un pedido que ya recibió el apoyo de Francia.

Tijanóvskaya, que se refugió en Lituania poco después de la presidencial, también pidió la celebración “este verano [boreal] de una conferencia internacional de alto nivel para resolver la crisis en Bielorrusia”.

Bajo coacción

El presidente bielorruso debería hablar este martes sobre la nueva crisis, según un canal de Telegram considerado como una cadena no oficial de la presidencia.

El régimen de Lukashenko está acusado de desviar a Minsk un vuelo que cubría el domingo la ruta Atenas-Vilna por una presunta amenaza de bomba que resultó ser falsa, para detener al periodista opositor Román Protasévich y a su novia, la rusa Sofía Sapega.

El ministerio de Transportes publicó este martes la transcripción del diálogo entre el piloto y el controlador aéreo. Este último le comunica que “hay una bomba a bordo” y le “recomienda” aterrizar en Minsk.

La víspera la fuerza aérea, que desplegó un caza MiG-29 para interceptar el vuelo, aseguró que la elección del aeropuerto fue del piloto de Ryanair.

La canciller alemana, Angela Merkel, consideró “para nada creíble” la versión bielorrusa, que evocaba una amenaza de bomba atribuida al movimiento islamista palestino Hamás.

Protasévich, de 26 años, es un exjefe de redacción del influyente medio opositor Nexta, que permitió la movilización masiva de los bielorrusos durante las protestas de 2020 contra la polémica reelección de Lukashenko.

Su país lo acusa de estar “implicado en actividades terroristas”. La televisión bielorrusa difundió el lunes un video del joven, grabado en una prisión de Minsk según esta fuente, en la que confiesa haber organizado “disturbios”.

Las autoridades bielorrusas suelen difundir confesiones de disidentes del régimen grabadas bajo coacción, como también le ocurrió a Svetlana Tijanóvskaya antes de exiliarse en Vilna el pasado verano boreal.

Para la opositora, “no hay dudas de que Román fue víctima de torturas” en la prisión. Y el padre del periodista también aseguró a la AFP que golpearon a su hijo, que aparecía nervioso en las imágenes.

“Está claro que le hicieron daño físicamente. Se pueden ver rastros de golpes en su rostro”, estimó Dmitri Protasévich, que vive en Polonia, asegurando que le obligaron a leer lo que tenía que decir.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el primer ministro británico, Boris Johnson, exigieron este martes la “liberación inmediata” de Protasévich y Sapega, en los últimos de una serie de llamados similares.

Ante las protestas occidentales, Moscú, aliado de Lukashenko, le renovó su apoyo, estimando que, desde el inicio de la crisis, el punto de vista de Bielorrusia es “razonable”, según el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov.

Bielorrusia invitó este martes a varias organizaciones de aviación internacionales a viajar a Minsk para establecer las “circunstancias” del desvío del avión.

Nuevas sanciones

Las sanciones adoptadas por la UE ya dieron sus primeros frutos. Importantes aerolíneas, como Air France o Lufthansa, anunciaron que evitarán sobrevolar el cielo bielorruso, por donde pasan cada semana casi 2.000 aviones comerciales, según Eurocontrol.

El Kremlin dijo “lamentar” esta decisión de la UE, ya que evitar un “país bastante extenso” como Bielorrusia tendrá mayores costos para las aerolíneas.

Estas nuevas sanciones se suman a las ya adoptadas por los países occidentales a raíz de la represión por parte de Lukashenko, en el poder desde 1994, de las manifestaciones de 2020 contra su reelección en unos comicios cuyo resultado la UE no reconoce.

Las sanciones de la UE alcanzan ya a 88 altos cargos, entre ellos el presidente, y siete entidades. Sin embargo, pese a las medidas, el régimen no dejó de aumentar la represión, encarcelando o forzando a exiliarse a sus detractores.

Este martes, el dirigente de un partido opositor Pável Severinets y otros seis activistas fueron condenados a penas de entre 4 y 7 años de prisión por las protestas de 2020.

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