Entre viernes y domingo las autoridades informaron sobre las muertes de un joven de 21 años y un policía de 22, ambos por heridas de bala en Cali, y de una recién nacida que era trasladada en una ambulancia y no pudo recibir atención médica por un bloqueo en la vía que une al puerto de Buenaventura con esa ciudad del suroeste del país.

Los manifestantes “no solamente obstruyeron el paso del bebé (…), sino que además impidieron el regreso de los profesionales” a su puesto en Buenaventura, dijo María Cristina Lesmes, secretaria regional de Salud.

También se multiplicaron los heridos en las protestas que, además de Cali, se concentraron en Bogotá y Medellín. Entre los heridos hay un policía en estado crítico por las quemaduras que le produjo una bomba incendiaria durante una manifestación en el suroeste de la capital colombiana.

La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo cuentan al menos 42 muertos desde el 28 de abril, cuando multitudes de volcaron a las calles en rechazo a un alza de impuestos que planeaba aplicar el presidente colombiano para enfrentar el deterioro económico que desencadenó el virus.

Quince de los casos están relacionados directamente con las protestas y once más están en proceso de verificación, según los organismos.

Sin embargo, la oenegé Temblores habla de hasta 43 homicidios que involucran presuntamente a agentes de la fuerza pública, duramente cuestionada dentro y fuera del país por la represión. También van poco más de 2.000 heridos entre civiles y uniformados.

El malestar social, que obligó a Duque a desistir de su propuesta impositiva, se agravó con la respuesta de las fuerzas policiales a un movimiento de protesta tan masivo como inusual en un país que por seis décadas estuvo anestesiado por el conflicto armado con las FARC.

El proceso de paz de 2016, que desarmó a la que fuera la más poderosa guerrilla de América, también abrió paso a nuevos reclamos que se agudizaron con la pandemia que deja más de 84.000 muertos desde marzo de 2020.

Sin un liderazgo definido, los manifestantes reclaman un Estado más solidario, una sociedad menos desigual y más oportunidades para los jóvenes, protagonistas de esta crisis que también privó al país la Copa América de fútbol que planeaba recibir junto a Argentina en menos de un mes.

Diálogo y bloqueos

El descontento se expresa a diario con movilizaciones pacíficas en el día y graves disturbios en la noche. Fue lo que ocurrió precisamente en Bogotá donde “pequeños grupos violentos (…) atacaron a la policía y trataron de vandalizar algunos lugares”, señaló el secretario de gobierno de la ciudad, Luis Ernesto Gómez.

Tras la intervención policial, se supo oficialmente de varios heridos entre civiles y uniformados. El caso más grave es el del patrullero Cristhian Calderón, alcanzado por una bomba incendiaria.

Con los focos de protesta ardiendo, el gobierno de Duque intenta acercar posiciones con la organización más visible de los manifestantes, el llamado Comité del Paro, que sin embargo no reúne a todos los sectores inconformes.

Después de varias rondas de conversaciones, las partes no consiguen avanzar hacia una negociación que ponga fin a la crisis.

El Comité del Paro exige garantías para la protesta ante la dura represión policial, pero el gobierno ha sido reacio a emitir una condena de los abusos policiales y, en cambio, se ha enfocado en exigir el fin de los bloqueos y el vandalismo que dejan millonarias perdidas.

Duque cree que las protestas han sido infiltradas por los grupos rebeldes que se financian del narcotráfico.

Este domingo el defensor colombiano del pueblo, Carlos Camargo, advirtió incluso que la “seguridad alimentaria está en riesgo” por los cierres de vías.

“Los bloqueos y la obstrucción de las vías públicas no son expresión de protesta pacífica. Violan los derechos ciudadanos y están encaminados a generar en Colombia, una hambruna artificial entre la población”, afirmó en un mensaje a la prensa.

A poco más de un año de dejar el poder que asumió en 2018, Duque enfrenta la ira popular y la descomposición de su gabinete. En estas semanas de crisis se han ido los ministros de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Cultura y el comisionado de paz, que servía de enlace con el movimiento de protesta.

La oposición, aunque sin mayorías en el Congreso, impulsará esta semana una moción de censura contra el jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, “por el tratamiento de guerra que se le ha dado a la movilización social en Colombia”, según el senador Iván Cepeda.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.