El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el martes por unanimidad una resolución que amplía el mandato de su misión de verificación en Colombia para incluir el monitoreo de las sentencias impuestas por el tribunal surgido del acuerdo de paz, dijeron diplomáticos a la AFP.
La decisión fortalece a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en 2017 para juzgar los peores crímenes cometidos en más de seis décadas de conflicto armado en Colombia, luego de que la ONU expresara en febrero inquietud por ataques de fuerzas oficialistas contra el tribunal.
La resolución extiende asimismo el mandato de la misión hasta el 31 de octubre, un periodo más corto de lo habitual (un año) para evitar que la próxima renovación caiga justo antes de la elección presidencial de mayo de 2022, precisaron los diplomáticos.
Los siete líderes de la disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inculpados por la JEP aceptaron el 30 de abril su responsabilidad en más de 21.000 secuestros.
La JEP también reveló que 6.400 civiles fueron ejecutados por militares y presentados como caídos en combate bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder natural del partido en el poder.
Se espera que el tribunal, que no puede juzgar a expresidentes ni a militares que no se sometan voluntariamente, comience a fijar sentencias en la segunda mitad del año.
Podrá imponer penas alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas, o sancionar con hasta 20 años de prisión a quienes no acepten su responsabilidad.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, conversó el martes por teléfono con el presidente colombiano, Iván Duque, y le “reiteró el apoyo total de la ONU al proceso de paz”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.
Duque, por su lado, “reafirmó el apoyo del gobierno colombiano a la implementación total del proceso de paz, así como su compromiso con un diálogo nacional”, indicó el vocero.
Consultado sobre las protestas callejeras en Colombia que llevan ya 13 días y dejan 42 muertos, incluido un policía, Dujarric reafirmó la posición de la ONU: las fuerzas de seguridad “deben mostrar control y permitir a la gente manifestarse pacíficamente”.
La misión de la ONU en Colombia, aprobada en 2017 y que rinde cuentas al Consejo cada tres meses, tiene como mandato principal verificar la reincorporación política, económica y social de los guerrilleros de las FARC que dejaron las armas.
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