Desorientados y preocupados, miles de extranjeros intentaban regularizar su estatus migratorio en Chile tras la promulgación de una nueva ley, que según el gobierno, busca "ordenar la casa", y que facilita la expulsión administrativa de extranjeros irregulares.
“Estoy desorientada; ando preguntando a todos cómo es esta situación para poder regularizarme y traer a mis hijos”, dice a la AFP, July Martínez, una venezolana de 47 años, quien en marzo de 2020 entró irregularmente al país.
Martínez no entiende si la nueva norma es “una gota de esperanza” para poder quedarse en Chile o una “inadmisible” posibilidad de que la deporten.
En igual condición está el colombiano Oscar Castro, de 38 años.
“Llegué por pasos clandestinos y he tratado de hacer las cosas bien. Estoy aquí desde hace un año y ahora estoy esperando que me regularicen o me den una orden de salida. No tengo idea qué será de mí, estoy en la nada”, afirma en las afueras de una oficina del correo en el centro de Santiago.
La nueva ley, promulgada el domingo después de ocho años de tramitación en el Congreso, busca, según el presidente Sebastián Piñera, “ordenar la casa” luego de la ola de migrantes que llegaron a Chile desde el 2014 y que superan los 1,8 millones de personas, sobre una población total de 19 millones de habitantes.
El gobierno estima que en los últimos dos años unas 20.000 personas han ingresado al país de manera irregular. Se trata principalmente de venezolanos que escaparon de la crisis en su país.
La nueva norma hace una distinción entre quienes entraron al país por pasos habilitados y quienes lo hicieron por lugares clandestinos.
Los migrantes que ingresaron con pasaporte o tarjeta de identidad antes del 18 de marzo de 2020 pueden obtener una visa, pero quienes lo hicieron por pasos no habilitados, deberán salir de Chile y acudir a un consulado chileno en cualquier otro país para realizar el trámite. Si su solicitud es admitida, recibirá un documento de identidad para entrar nuevamente a Chile.
Si alguien no cuenta con la documentación, podrá ser expulsado con una orden administrativa.
Para el gobierno “el cambio de la ley hace mucho más humano y mucho más digno el proceso de solicitar visa” y desincentiva el ingreso clandestino que fomenta, a su vez, el tráfico de personas, explicó a la prensa el director de Extranjería, Álvaro Bellolio.
Pero Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Diego Portales, afirma que “la norma para expulsar a una persona por ingreso irregular no dice cómo las personas van a poder defenderse, cuánto tiempo tendrá para defenderse o cómo va a buscar asesoría jurídica”.
“Nada de eso está escrito, entonces desde afuera se ve que Chile avanza hacia una desprotección de la migración”, añadió.
Sin documentos ni dinero
Muchos de estos migrantes ingresaron de forma irregular en los últimos meses por la frontera norte, en un tortuoso tránsito por el altiplano y el desierto, con temperaturas bajo cero durante la noche y un sol abrasador durante el día, y donde se ha registrado la muerte de al menos cinco personas.
Desde enero, unos 3.800 venezolanos ingresaron a Chile por la localidad de Colchane, en el norte del país.
Y son precisamente estos migrantes los más amenazados por esta nueva normativa.
La norma no contempla que muchos migrantes “llegan sin documentos, con apenas dinero para subsistir y que los trámites consulares pueden durar incluso un año y ser negados”, dice Vargas.
Llenos de dudas por los alcances de la nueva ley, los desesperados migrantes acuden al chileno Miguel Cortés, quien orienta y entrega información a los extranjeros desde su pequeño quiosco a un costado de la oficina de Correos, en pleno centro de Santiago.
“Aquí (en Chile) sacan una ley, y nadie le explica a la gente el por qué de la ley”, sostiene Cortés, quien cuenta que cientos de migrantes llegaron a pedirle ayuda tras la promulgación de la nueva ley el domingo.
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