Tras la aplastante victoria de la opción para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Chile se vuelca ahora a definir la elección el próximo 11 de abril de los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna.
El contundente resultado, que favoreció con un 78% al “Apruebo” y con un 79% a la instalación de una Convención Constitucional -integrada sólo por miembros electos por voto popular- frente a la alternativa que incluía a parlamentarios en ejercicio, representa una bofetada para los partidos políticos tradicionales en favor de los candidatos independientes.
El reglamento de la Convención definió un mecanismo para los independientes, pero el requisito de un mínimo de firmas de ciudadanos igual o superior al 0,4% de quienes votaron en el distrito electoral, es una barrera difícil de sortear, aún más en pandemia, ya que el patrocinio se debe presentar en una notaría.
En el Congreso avanza un proyecto para rebajar a la mitad el número de firmas y habilitar un procedimiento electrónico para su recolección. Los partidos políticos buscan, además, incluir a una mayoría de independientes en sus listas.
Todavía también se discute si habrá o no escaños reservados para indígenas, un clamor que surgió para dar respuesta al extenso conflicto, por una mayor autonomía y la restitución de territorios, de las comunidades mapuches, la mayor etnia chilena.
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