El presidente de Chile, Sebastián Piñera, sorteó ayer el juicio político que buscaba asignarle responsabilidades políticas por las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas, proceso que podía desembocar en su destitución.

La Cámara de Diputados rechazó la acusación que pendía sobre el Mandatario por haber "infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al consentir en que las Fuerzas Armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada".

Para ello se valió del oficialismo y de algunos diputados opositores del Partido Radical y de la Democracia Cristiana, que con 79 votos a favor -frente a 73- acogieron la llamada "cuestión previa" de la acusación, que establecía que el caso no cumplía con los requisitos que señala la Constitución Política, tal como argumentó la defensa del presidente.

De esta manera se puso fin a la causa sin que llegase a debatirse en su fondo, y se entiende como no interpuesta.

El procedimiento por el que se juzgaba la responsabilidad política de Piñera se denomina "acusación constitucional" y faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad, que puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

La acusación constitucional contra el mandatario fue presentada el pasado 19 de noviembre por diez diputados de la oposición, y el miércoles una comisión de cinco diputados elegida al azar, que resultó de mayoría opositora, aprobó por tres votos frente a dos su admisibilidad para que esta llegara al Pleno ayer.

Para que el proceso prosperase se requería la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, órgano encargado de establecer si da lugar o no a la acusación, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, órgano que resuelve como jurado y que declara si el acusado es o no culpable de aquello que se le imputa.