El Gobierno español apoyó este lunes el inicio inmediato de una "investigación independiente" sobre la muerte de al menos nueve personas durante los enfrentamientos del viernes pasado en Cochabamba (Bolivia).
"El legítimo derecho de protesta debe ejercerse siempre por vías pacíficas" y la protección del orden público a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas debe realizarse "dentro de la legalidad boliviana y del Derecho internacional en materia de Derechos Humanos", subrayó la Cancillería española en un comunicado.
España condena "tajantemente" la escalada de violencia en Bolivia, con el resultado de "23 muertos y centenares de heridos" hasta el momento, tras los fallidos comicios del 20 de octubre, que desembocaron en la salida del presidente Evo Morales del país.
También recalca su petición de que "todos los actores implicados deben contribuir al restablecimiento de la normalidad institucional y a la celebración de nuevas elecciones con todas las garantías democráticas lo antes posible como única salida posible a la crisis actual".
La celebración de dichas elecciones, considera España, debe ser "la prioridad fundamental de las actuales autoridades interinas".
Según la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, España trabaja con otros actores internacionales, como la Unión Europea, "para que haya unas elecciones libres y con garantías democráticas en Bolivia cuanto antes".
En declaraciones a la prensa en Madrid, Celaá precisó además que, por ahora, el Gobierno no ha recibido ninguna "petición oficial" para mediar en la crisis boliviana.
En el comunicado, el Gobierno español asegura que comparte la posición de la alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el reciente Decreto Supremo 4078.
Esta norma prevé la exención de responsabilidad penal, bajo determinadas condiciones, para el personal de las Fuerzas Armadas bolivianas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno, según explica el comunicado del Ministerio español de Asuntos Exteriores.
El sábado pasado, Bachelet se mostró "realmente" preocupada por la situación de Bolivia y pidió que policías y militares actúen de acuerdo con las normas internacionales que rigen el uso de la fuerza desde una perspectiva de respeto de los derechos humanos.
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