Venezuela se convirtió ayer en el primer país latinoamericano para el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creará una comisión que investigará los presuntos abusos del Gobierno, en aplicación de una resolución impulsada por el Grupo de Lima y con la que Caracas advirtió que no colaborará.
La resolución, patrocinada por países como Colombia, Perú y Brasil, fue aprobada con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay.
"Efectivamente, permitirá la rendición de cuentas de los responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela", destacó tras la aprobación de la resolución Carlos Foradori, embajador de Argentina ante la ONU en Ginebra y cuyo país fue uno de sus impulsores.
La comisión investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurridos desde 2014 en Venezuela, y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
El texto de la resolución también condena "la extendida represión y persecución política en Venezuela", recordando que el informe presentado este año ante el mismo Consejo por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.
La resolución, que contó con el voto favorable de España y otros países de la Unión Europea que son miembros del Consejo de Derechos Humanos, urge por otro lado a las autoridades venezolanas a liberar inmediatamente a todos los presos políticos.
En los márgenes del consejo, la representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó en Ginebra, María Alejandra Aristeguieta, dijo que el texto "es un gran paso para continuar aumentando la presión internacional para que se pueda evidenciar lo que está sucediendo en Venezuela".
