El Estado peruano sumó ayer una nueva victoria judicial en los litigios que les plantearon dos familias que reclamaban la propiedad de las ruinas de la ciudadela inca de Machu Picchu, la principal atracción turística del país.
El ministro peruano de Cultura, Luis Jaime Castillo, anunció que la Corte Superior de Justicia de la región de Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, declaró infundada la demanda de la familia Abrill, que afirmaba ser la legítima propietaria de las 13.000 hectáreas donde están los restos arqueológicos.
Por ello las hermanas Roxana y Victoria Abrill pedían además al Estado peruano una indemnización de 100 millones de dólares por el uso de esas 13 mil hectáreas de tierras para la explotación turística.
La demanda de las hermanas Abrill fue interpuesta en 2003, cuando iniciaron este prolongado litigio que el martes consumió la etapa en la Corte Superior de Justicia de Cusco.
