El Gobierno británico sufrió ayer un duro revés, después de que la Justicia escocesa declarase "ilegal" la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de suspender el Parlamento en el periodo previo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el 31 de octubre.
El Tribunal de Apelación de Escocia consideró que la acción del Ejecutivo conservador, que aconsejó a la reina Isabel II refrendar la decisión de clausurar las cámaras desde ayer y hasta el 14 de octubre, quebrantó la legalidad y estuvo motivada por "el propósito inapropiado de obstaculizar el Parlamento".
Tras conocerse el dictamen, el Gobierno comunicó que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido. EFE
