Las autoridades rusas lanzaron una contraofensiva para sofocar las mayores protestas opositoras de los últimos años que incluye encarcelamientos, persecución penal, registros y denuncias de injerencia extranjera en la vida política.

"Las protestas antigubernamentales han sido pacíficas. Es el Gobierno el que está criando radicales con la represión policial. El que busca el conflicto es el Kremlin", dijo ayer Serguéi Boiko, líder del Partido Libertario.

Tras varias semanas a la defensiva, las autoridades retomaron la iniciativa con una campaña que busca acallar a los líderes de la protesta, que se encuentran casi todos bajo arresto, e intimidar a sus partidarios, en su mayoría jóvenes que solo conocieron a un inquilino del Kremlin, Vladímir Putin, en el poder desde 1999.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el arma de investigación judicial del Kremlin, tiró la primera piedra al incoar un caso penal por "disturbios masivos", que defensores de los derechos humanos consideran fabricado.