La justicia brasileña condenó ayer, por segunda vez, al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril del año pasado, a 12 años y 11 meses de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero.
El exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, sufrió un nuevo revés judicial tras la condena en primera instancia dictada ayer por la magistrada federal Gabriela Hardt, que consideró que Lula se benefició de las reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior de San Pablo.
La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, pero, de acuerdo con la Justicia, el expresidente se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que hicieron Odebrecht, OAS y Schain a cambio de ayudas en la obtención de contratos en Petrobras.
"Es un hecho que la familia del presidente Lula frecuentaba de forma asidua el inmueble y lo usó como si fuese de él. Inclusive, en 2014, Fernando Bittar alegó que su familia ya no lo frecuentaba con asiduidad, siendo este más usado por la familia de Lula", subrayó la jueza en su sentencia.
La condena, que será apelada por la defensa, es la segunda dictada en menos de dos años contra el expresidente, quien tiene un total de ocho causas penales abiertas en la justicia, todas ellas relacionadas con asuntos de corrupción.
Minutos después de conocer el fallo, los abogados de Lula anunciaron que recurrirán en instancias superiores la sentencia, la que calificaron como "absurda" y consideraron que "refuerza el uso perverso de las leyes y procedimientos jurídicos" para "fines de persecución política".
