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CIDH celebra que México vaya a investigar el caso Ayotzinapa

06 Diciembre 2018EFE • Ciudad de México
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece una rueda de prensa.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece una rueda de prensa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró ayer que la decisión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de crear una Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa supone un "cambio sideral" respecto a la anterior actitud de gobernantes mexicanos.

"Para nosotros sí que hay, sin ninguna duda, un cambio sideral en la concepción de lo que veníamos trabajando y (lo que) ahora hallamos de respaldo en el nuevo Gobierno", mencionó el comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, en declaraciones a un reducido grupo de periodistas.

Vargas opinó que el nuevo Ejecutivo mostró una "vocación absolutamente indeclinable" en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y valoró positivamente que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, esté a cargo de la Comisión de la Verdad.

No obstante, el comisionado, que se encarga de ese caso dentro de la CIDH, reconoció que el Gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012 - 2018) "colaboró" con la CIDH al permitir la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA).

En su informe final, emitido en noviembre, dicho Mecanismo Especial concluyó que la investigación del gobierno mexicano era "fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa" y, además, urgía al Estado a determinar la participación policial y militar en la desaparición de los estudiantes.

De manera simbólica, el 3 de diciembre, López Obrador ordenó en su primer decreto presidencial la creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso de Ayotzinapa, que se instalará en un plazo máximo de 30 días hábiles y estará compuesta por representantes gubernamentales y técnicos.

La Comisión retomará las investigaciones ofrecidas por organismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la CIDH y que proporcionó pruebas que echaron abajo la versión oficial.

De acuerdo con la "verdad histórica" defendida por el Ejecutivo de Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos en Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula, en el estado de Guerrero.

Pero el GIEI, que estuvo un año investigando el caso, planteó la imposibilidad de que los 43 fueran quemados esa noche en el vertedero –basándose en el reporte de un equipo forense–, desveló fallas en las pesquisas y sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

GOBERNADORA

La izquierdista Claudia Sheinbaum, primera mujer en asumir la jefatura de Gobierno de Ciudad de México gracias al voto popular, asumió ayer el poder con la promesa de "no reprimir el pueblo" y lanzando un anuncio estrella: la supresión del cuerpo de granaderos o policías antimotines de la capital.

Tras jurar el cargo acompañada de su mentor político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la nueva mandataria aseguró ante el Congreso capitalino que "la policía está para cuidar al pueblo y no se requieren cuerpos para reprimirlo". Por ello, anunció que a partir del 1 de enero de 2019 se disolverá la Policía Metropolitana de Granaderos, encargada del control de multitudes y criticada por hacer un uso excesivo de la fuerza, como sucedió el 1 de diciembre de 2012 en la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, quien el sábado 1 de diciembre entregó la Presidencia a López Obrador.

"Lo primero que haremos es acabar con los abusos. A partir de ahora se restablece la democracia y la libertad política, nunca más ejerceremos o permitiremos la persecución y la violencia directa o simulada por pensar y actuar de forma distinta de quien gobierna", dijo la nueva jefa del Gobierno.

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