COPENHAGUE. El Gobierno danés quiere habilitar un centro en una isla deshabitada para recluir a criminales extranjeros pendientes de expulsión, una medida incluida en un paquete legal para endurecer la política de inmigración que ha generado controversia.
El plan –incluido en los presupuestos acordados entre el Gobierno liberal-conservador y el xenófobo Partido Popular Danés (DF)– afecta a peticionarios con solicitud de asilo rechazada que cometieron delitos graves.
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