Los líderes independentistas de Cataluña se enfrentan hasta 25 años de prisión después de que la Fiscalía española los acusó ayer de rebelión por participar en el proceso secesionista, mientras que la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, redujo a la mitad las penas por el delito de sedición.
En la causa que lleva el Tribunal Supremo, la Fiscalía pidió para el exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cargo público, por considerarle el líder de la rebelión.
Por su parte, la Abogacía del Estado solicitó para él una pena de 12 años por un delito de sedición.
En total, en esta causa serán juzgadas 18 personas, entre ellas ocho exconsejeros del antiguo gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, quien está en Bélgica huido de la justicia española.
La diferencia entre los delitos de rebelión y sedición a los que se refieren la Fiscalía y la Abogacía del Estado estriba en el grado de violencia que se use.
Según la legislación española, se acusa de rebelión a quienes actúen con violencia contra el Estado y conlleva unas penas que van de 30 a 10 años, mientras que el delito de sedición implica que no hubo un alzamiento violento y está penado con entre 10 y 15 años de cárcel.
Desde la restauración de la Democracia en España a finales de los años setenta, solo se ha condenado por rebelión a los autores del intento de golpe de Estado de 1981.
La Fiscalía también acusó ayer a Junqueras y a otros cinco antiguos miembros de Gobierno catalán del delito de malversación de caudales públicos por el dinero que emplearon para celebrar el referendo independentista del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por la justicia española.
La petición de penas de la Abogacía del Estado para los líderes independentistas supone un cambio con su postura anterior, lo que ayer azuzó el debate político en España y provocó el rechazo de la oposición conservadora (PP y Ciudadanos), que acusó al Gobierno de haber cedido a las presiones de los secesionistas.
