La justicia de Argentina desarrolló ayer un intenso operativo de registros en los domicilios de Cristina Fernández en busca de pruebas en la investigación en la que es sospechosa de haber recibido millonarios sobornos en los años en los que fue primera dama (2003-2007) y presidenta del país (2007-2015).
Al filo del mediodía, un dispositivo integrado por efectivos policiales, entre ellos personal de la división explosivos, ingresó al bloque de apartamentos del barrio de Recoleta de Buenos Aires donde reside la actual senadora cuando está en la capital. Entre multitud de medios de comunicación y grupos de seguidores de Fernández que tenían en "Fuerza, Cristina" su principal proclama, varios de los agentes se hicieron paso para ejecutar el registro, ordenado en el quinto piso del edificio por el juez del caso, Claudio Bonadio, y de cuyo resultado no han trascendido detalles.
"Creo que lo que están buscando es la humillación de la expresidenta", dijo a EFE Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández.
El letrado criticó duramente que la petición de este registro, -que por tener Fernández fueros debió ser autorizado el Senado y tardó varias semanas-, se conoce desde "hace un mes y medio", mientras que en "cualquier lugar del mundo" los allanamientos "deben ser sorpresivos".
"Me parece que en ese sentido jurídicamente el allanamiento va a resultar abstracto y negativo. (...) Porque después de un mes y medio... ¿qué pueden encontrar? Nada. Querrán romper las paredes, romperle el departamento, amedrentarla...", añadió Dalbón. Otro de los abogados de la política, Carlos Beraldi, denunció que lo echaron del allanamiento y que planteará la nulidad del procedimiento.
