El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró ayer procedente solicitar a Colombia que extradite a Luisa Ortega Díaz, exfiscal general destituida por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para ser sometida a un proceso judicial en el país caribeño.
A Ortega se le acusa por su presunta participación en delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, uso de documento público falso, uso de sello falso, ocultación y retención, falsa denuncia o acusación y asociación, según un comunicado de prensa de la máxima corte venezolana.
El TSJ señala además que Venezuela asume ante Colombia "el firme compromiso" de que Ortega "no será condenada a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a 30 años".
Añade que será juzgada con "las debidas garantías" como el derecho al debido proceso, a la no discriminación, prohibición de la desaparición forzada, derecho a la integridad física, psíquica y moral; y a la prohibición de ser sometida a penas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También se asegura a Colombia que Ortega será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (...) al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su derecho a la defensa.
Garantiza igualmente el TSJ para Ortega el derecho a la vida, a la salud y la garantía de todos los derechos civiles y sociales.
EL TSJ también solicitó la extradición de Zair Mundaray, quien ocupó el cargo de director general de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Ortega y operaba como asistente de la exfiscal.
A Mundaray se le acusa de la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones públicas y delitos de promoción o incitación al odio. Al igual que con el caso de Ortega se asumen los mismos compromisos y aclara que Mundaray no podrá ser juzgado por otros hechos "distintos a los señalados" en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud.
