Los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y la impunidad en que se mantuvieron durante décadas han arrastrado a la Iglesia católica chilena a la peor crisis de su historia, puesta en evidencia ayer con la renuncia masiva de los miembros de la Conferencia Episcopal.

Después de tres días de reuniones con el Papa Francisco, que los convocó para abordar la situación, 34 obispos chilenos anunciaron que han puesto sus cargos a disposición del pontífice, quien les entregó un documento reservado, filtrado por la prensa, con duras palabras sobre los vergonzosos comportamientos de los prelados en el llamado "caso Barros".

Barros, nombrado en 2015 obispo de Osorno por Francisco, fue acusado de encubridor por las víctimas de Fernando Karadima, un influyente párroco condenado por la justicia canónica, pero nadie les escuchó durante varios años, incluido el mismo Papa, que en su visita a Chile el pasado enero calificó de "calumnias" las acusaciones.

No obstante, Francisco envió después a Chile al arzobispo Charles Scicluna para hablar con las víctimas y tras conocer su informe, citó a los obispos a Roma. Previamente invitó a tres víctimas emblemáticas de Karadima al Vaticano.

El pontífice conversó largamente con Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, los alojó en su casa y les pidió perdón.

"Me impresiona haber visto nuestras conversaciones impresas en el documento (...), me ha gustado ver que terminó en la renuncia de toda esta lacra", sostuvo Cruz.

Los obispos anunciaron su renuncia en una declaración leída ante la prensa en el Vaticano por el secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, señalando que "ponían sus cargos en manos del Santo Padre para que libremente decida con respeto a cada uno de nosotros". Los prelados también pidieron "perdón por el dolor causado a las víctimas, al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones".