La VIII Cumbre de las Américas, cuyo tema central será la "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción", tendrá en Perú, su anfitrión, un ejemplo paradigmático de la devastación política, social y económica que esas prácticas causan en la región.
Muy pocos hubieran imaginado el 11 de abril de 2015, cuando Lima fue elegida como sede de la mayor reunión de líderes continentales, que el país llegaría a la cita en pugna por salir de una profunda crisis de gobierno y con toda la clase política en entredicho, fruto de las masivas prácticas de soborno y corrupción que se revelaron con el estallido del escándalo de Lava Jato.
Hoy, el panorama institucional en Perú es desolador.
Un expresidente está en prisión preventiva a la espera de juicio (Ollanta Humala, 2011-2016), otro en busca y captura y huido a los EE.UU (Alejandro Toledo, 2001-2006), y un tercero bajo investigación judicial (Alan García, 1985-1990 y 2006-2011).
Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016 y quien hizo de la Cumbre de las Américas, de la que se presumía anfitrión, un evento centrado en la lucha contra la corrupción, fue forzado a dimitir en marzo pasado tanto por sus vínculos poco claros con la constructora Odebrecht como por sus oscuras maniobras para evitar ser destituido por el Congreso.
Apenas un día después de su dimisión, la justicia le impuso la prohibición de salir del país y la Fiscalía entró en su residencia para buscar posibles evidencias de corrupción.
Alberto Fujimori, que ya penaba 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción en su Gobierno (1990-2000), fue indultado en diciembre de 2017 de forma controvertida por Kuczynski. Mientras, el Congreso bulle envuelto en investigaciones fiscales y parlamentarias, denuncias, acusaciones y cruces en torno a la corrupción que afectan tanto al oficialismo como a la oposición liderada por Fuerza Popular, el partido encabezado por Keiko Fujimori y al que Marcelo Odebrecht ya confesó haber financiado irregularmente.
