EFE.  La intervención en la seguridad de Río de Janeiro decretada por el Gobierno brasileño y que dejó en manos del Ejército el manejo del orden público completó ayer un mes en medio de críticas por el asesinato de la concejala Michelle Franco, opositora de la medida, y el aumento de la criminalidad.

El asesinato de Franco, una activista por los derechos humanos que nació y creció en el complejo de favelas, pone en la mira a los mandos del Ejército.